La llegada de pagapensiones subvencionados precariza el empleo y eleva a un millón el número de pobres en Finlandia
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Desde la formación del nuevo gobierno de Finlandia en 2015, el llamado gobierno de Sipilä, los finlandeses de origen han visto menoscabadas sus condiciones de vida. En primer lugar, el ejecutivo permitió que unos 33 000 fieles a la religión del amor iraquíes entraran en el país a través de Suecia, rompiendo el acuerdo de Dublín, que prohíbe la deportación de refugiados entre países europeos.
Juha Sipilä, el primer ministro del Partido del Centro de Finlandia, llegó incluso a ofrecer su casa a los solicitantes de asilo. Más tarde retiró el ofrecimiento y vendió parte de la vivienda a su familia.
Miles de pagapensiones ilegales fueron autorizados a desplazarse de Suecia a Finlandia desde la estación fronteriza de Tornio. El ejército incluso llevó las maletas de los pagapensiones.
Desde entonces, el gobierno de Finlandia ha estado presionando a las empresas del país para que contraten a los solicitantes de asilo, incluso aunque no tengan regularizada su residencia en el país. La primera consecuencia de la integración en el mercado laboral de mano de obra tan poco o nada cualificada está siendo una drástica disminución de los salarios, lo que afecta sobre todo a los trabajadores autóctonos.
Pese a los esfuerzos del gobierno, el porcentaje de pagapensiones que ha aceptado un empleo no llega al 5 por ciento. La mayoría de los solicitantes de asilo dicen que no están dispuestos a trabajar y que tienen derecho a disfrutar de los beneficios sociales que disfrutaban en Suecia, sin tener que hacer nada. Ello ha hecho que los planes del gobierno para la inserción laboral de los pagapensiones hayan fracasado de forma estrepitosa. Lejos de reconocer el error, el ministro de Justicia y Empleo, Jari Lindström, del Partido de los Finos, ha sugerido que se motive más a los pagapensiones. ¿Cómo? Compensándoles con una paga de 522 euros mensuales a cambio de que ellos corran con sus propios gastos. Cree el ministro que esta medida incrementará en los pagapensiones el sentido de la responsabilidad.
Juha Sipilä
Entre tanto, aumenta el número de desempleados de origen finlanés. Hasta hace sólo unos años, Finlandia era uno de los países del mundo con más derechos sociales para sus trabajadores. Hoy tienen que conformarse con empleos precarios, con bajos salarios, con continuas rotaciones en los puestos de trabajo. Por primera vez, la explotación laboral forma parte del argot del país. Un sindicalista no dudó en calificar de “esclavistas” las condiciones laborales que soportan sus compatriotas.
Finlandia ha sido asimismo reconocida por su sistema de seguridad social, hoy al borde de la bancarrota. El resto de Europa debería extraer conclusiones sobre el precio que estamos pagando por una inmi gración tan inútil como innecesaria. La corrompida Finlandia nos muestra sus consecuencias. De los 5,5 millones de personas que viven en el país, un millón ya son oficialmente pobres. Y el número sigue aumentando dada la firme resolución de los políticos corruptos, al servicio de la élite mundialista, de poner fin a la hegemonía demográfica de la raza blanca en los países europeos.
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Desde la formación del nuevo gobierno de Finlandia en 2015, el llamado gobierno de Sipilä, los finlandeses de origen han visto menoscabadas sus condiciones de vida. En primer lugar, el ejecutivo permitió que unos 33 000 fieles a la religión del amor iraquíes entraran en el país a través de Suecia, rompiendo el acuerdo de Dublín, que prohíbe la deportación de refugiados entre países europeos.
Juha Sipilä, el primer ministro del Partido del Centro de Finlandia, llegó incluso a ofrecer su casa a los solicitantes de asilo. Más tarde retiró el ofrecimiento y vendió parte de la vivienda a su familia.
Miles de pagapensiones ilegales fueron autorizados a desplazarse de Suecia a Finlandia desde la estación fronteriza de Tornio. El ejército incluso llevó las maletas de los pagapensiones.
Desde entonces, el gobierno de Finlandia ha estado presionando a las empresas del país para que contraten a los solicitantes de asilo, incluso aunque no tengan regularizada su residencia en el país. La primera consecuencia de la integración en el mercado laboral de mano de obra tan poco o nada cualificada está siendo una drástica disminución de los salarios, lo que afecta sobre todo a los trabajadores autóctonos.
Pese a los esfuerzos del gobierno, el porcentaje de pagapensiones que ha aceptado un empleo no llega al 5 por ciento. La mayoría de los solicitantes de asilo dicen que no están dispuestos a trabajar y que tienen derecho a disfrutar de los beneficios sociales que disfrutaban en Suecia, sin tener que hacer nada. Ello ha hecho que los planes del gobierno para la inserción laboral de los pagapensiones hayan fracasado de forma estrepitosa. Lejos de reconocer el error, el ministro de Justicia y Empleo, Jari Lindström, del Partido de los Finos, ha sugerido que se motive más a los pagapensiones. ¿Cómo? Compensándoles con una paga de 522 euros mensuales a cambio de que ellos corran con sus propios gastos. Cree el ministro que esta medida incrementará en los pagapensiones el sentido de la responsabilidad.
Juha Sipilä
Entre tanto, aumenta el número de desempleados de origen finlanés. Hasta hace sólo unos años, Finlandia era uno de los países del mundo con más derechos sociales para sus trabajadores. Hoy tienen que conformarse con empleos precarios, con bajos salarios, con continuas rotaciones en los puestos de trabajo. Por primera vez, la explotación laboral forma parte del argot del país. Un sindicalista no dudó en calificar de “esclavistas” las condiciones laborales que soportan sus compatriotas.
Finlandia ha sido asimismo reconocida por su sistema de seguridad social, hoy al borde de la bancarrota. El resto de Europa debería extraer conclusiones sobre el precio que estamos pagando por una inmi gración tan inútil como innecesaria. La corrompida Finlandia nos muestra sus consecuencias. De los 5,5 millones de personas que viven en el país, un millón ya son oficialmente pobres. Y el número sigue aumentando dada la firme resolución de los políticos corruptos, al servicio de la élite mundialista, de poner fin a la hegemonía demográfica de la raza blanca en los países europeos.
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