PAPELES DE PANAMÁ. La Junta de Andalucía habría desviado a paraísos fiscales 21 millones de € de las

El dinero de Bahía Competitiva pasó por Mossack-Fonseca[/B]

La investigación policial determina que las empresas anunciadas para Alcalá de los Gazules se transformaron en sociedades opacas de Panamá, Seychelles, Islas Vírgenes o Luxemburgo.


¿Dónde está el dinero de Bahía Competitiva? Es, probablemente, la pregunta que más veces se ha realizado y que más ciudadanos han formulado desde que estallara este caso hace ya más de cuatro años. A juzgar por las pesquisas policiales, el dinero presuntamente defraudado, alrededor de 21 millones de euros (sólo para Cádiz), donde no está es en esta provincia.

Este periódico ha tenido acceso al atestado que elaboró en el año 2013 la brigada de la Udyco contra el blanqueo de capitales de la Policía Nacional. En ese documento se llega a una conclusión que, en estos días, cobra especial relevancia: el dinero procedente de Bahía Competitiva acabó vinculado a distintas empresas radicadas en paraísos fiscales y que, en muchos casos, pasaron por el mismo despacho de abogados, el de Mossack-Fonseca, el mismo que en estos días se relaciona con los llamados Papeles de Panamá.

Ya en 2013, la propia Policía informó en un comunicado de cómo funcionaba lo que consideró como una "trama de corrupción" que dio por desarticulada, con la detención de 31 personas. En ese momento ya se explicó que un entramado formado por 50 empresas solicitaban las ayudas públicas al Ministerio de Industria, que presuntamente obtenían gracias a la ayuda de responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y del Ministerio, y que luego eran desviadas a paraísos fiscales. El principal investigado, decía la Policía, tenía fijado su domicilio en Luxemburgo, aunque residía en Madrid. Era Joaquín Arespacochaga, familia directa de un antiguo alcalde de la capital de España, y cuya labor profesional se relacionaba con fondos de inversión.

Pero ahora, la aparición pública de la labor de Mossack-Fonseca ha relacionado directamente a ese despacho panameño con lo ocurrido en Bahía Competitiva. Según el atestado, todo surge del "plan preconcebido" para instalar en Alcalá de los Gazules los proyectos para los que el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, considerado al principio cabecilla de todo este asunto, solicitó y consiguió las ayudas del Plan Reindus. La Policía añade, además, que la instalación de esos proyectos "parece haber sido a instancias de Antonio Perales". Perales era el responsable de la Junta de Andalucía en la oficina del Plan Bahía Competitiva, nacido a raíz del cierre de Delphi. Por ello, se explicó en aquella fecha que los proyectos que venían de la mano de Ouviña pretendían crear el empleo destruido con el cierre de la multinacional.

Pero nada más lejos de la realidad. Los proyectos nunca vieron la luz y, al poco tiempo, Dávila Ouviña fue detenido, al igual que una larga lista de responsables políticos y técnicos de la Diputación de Cádiz, la Junta y el Ministerio de Industria. Pero ya era tarde. El dinero había volado. Según el atestado, Perales y Ouviña mantienen reuniones con Joaquín Arespacochaga. El responsable de Bahía Competitiva insta a sus compañeros de viaje a que centren la inversión en su pueblo natal. Se concibe entonces un plan para la instalación no menos de 10 sociedades en Alcalá de los Gazules, lo que requiere la construcción de un polígono industrial. Son constituidas 11 sociedades.

Es en este punto cuando todo da un vuelco. La Policía cree acreditado que, entre este momento y fechas inmediatamente posteriores a la resolución definitiva de las ayudas por parte del Ministerio, todo ese conjunto de sociedades pasa a manos de los miembros de la familia Arespacochaga que habían intervenido (el propio Joaquín, Fernando -su padre- y Juan, según la Policía), a través de una compleja operación de venta de participaciones a sociedades ubicadas en paraísos fiscales. La colaboración de un notario de Madrid en estas operaciones se considera especialmente relevante.

Así, según consta en el atestado, las 10 empresas que originalmente Ouviña pretendía instalar en Alcalá, son participadas por nuevas sociedades en un tamaño que nunca supera el 25%. Así, por ejemplo, aparecen dos firmas, Chapi Holding y Ravel Holding. Ambas adquieren participaciones en cada una de las 10 empresas que, teóricamente, irían a parar a Alcalá: Tecmargal (17 y 23% respectivamente); Marbatec (24 y 18%); Sidermetalux (5 y 24%); Alcornocal Kork (14 y 14%); Plasmacenter (15 y 19%); Jellyfish (17 y 19%); Industria Tec. Tolmo (16 y 17%); Plasma Technologies (24% solo Chapi); y Bioenergy Park (20 y 15%). Estos 10 negocios, como se recordará, iban todos a instalarse en Alcalá pero sus sedes figuraban en una finca de Barbate o en una asesoría de El Puerto. Además de Chapi Holding y Ravel Holding hay otras 11 sociedades que se reparten la participación en las 'empresas gaditanas' hasta completar el 100%, por lo que la Policía las considera las "reales propietarias", con sedes que van desde Luxemburgo a las Islas Vírgenes británicas o las Islas Niue.

Lo llamativo del caso es que, como señala la Udyco, tanto Chapi como Ravel Holding tienen sede en Panamá. Pero, y aquí se inicia otro rocambolesco juego empresarial, se añade que Chapi fue creada por Ravel y, a su vez, Ravel fue creada por otra sociedad, Famax International, con sede en Panamá "creada a su vez también por el bufete de abogados expertos en blanqueo de capitales Mossack Fonseca". No es la única vinculación de este despacho. El atestado detalla que, con posterioridad, ambas firmas (Chapi y Ravel) son transmitidas a otra sociedad ubicada en las Islas Seychelles, Merida Group, que tiene su domicilio en el mismo lugar del bufete de Mossack-Fonseca. Y un tercer giro: la Policía dice constatar que hay personal que figura como propietario de las dos citadas compañías presentes en una tercera compañía: Grinton S.A., cuyo último propietario es Jurgen Mossack, socio fundador del bufete.

Con todo esto, la Policía concluye en su atestado que "se ha comprobado cómo los despachos del bufete Mossack Fonseca se emplean para domiciliar sociedades propietarias de las sociedades luxemburguesas, a su vez propietarias de las sociedades españolas subvencionadas o beneficiadas por estas, como es el caso de las que se ubican en las islas Seychelles, y muy probablemente las ubicadas en las Islas Vírgenes británicas". Y añade: "Este conjunto de datos otorga además una relevancia especial al bufete Mossack Fonseca y sus responsables y empleados en toda esta trama de defraudación y blanqueo de capitales, debido a que intervienen de modo muy relevante en varias de las operaciones de creación de sociedades interpuestas que carece de sentido alguno más allá de la mera dificultación en el rastreo y averiguación de la titularidad real de las sociedades investigadas".

El caso es que muchas de las personas que aparecen vinculadas a estas sociedades, ya sea en su consideración de testaferros (como Agustín Bobo), ya sea como considerados como cabecillas de la trama, han prestado ya declaración en el Juzgado número 4 de Cádiz que dirige la magistrada Lourdes del Río. Es más, como ya publicó en su día este periódico, la representación legal de Joaquín Arespacochaga presentó un escrito en el Juzgado en referencia a las actuaciones policiales y el atestado elaborado como consecuencia de su supuesta participación en este caso. En ese escrito se realizaban alegaciones y se presentó una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales. Además, deja claro este escrito de la representación legal del empresario madrileño que quien tiene relación con Dávila Ouviña en todo momento es Juan, hijo de Joaquín.

Además, la representación legal de Arespacochaga continúa sin entender el motivo de que el despacho de este empresario sufriera un registro de la Agencia Tributaria, al entender que un posible delito fiscal nada tiene que ver con Bahía Competitiva. Incluso, siguen sin entender que fuese detenido más de dos años después de que se descubriese el fraude.

El escrito explica que ya en octubre de 2013 se presentó escrito formulando diversas peticiones al juzgado asociadas a la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales, así como de actuaciones policiales consistentes, entre "otras infracciones", en la intervención y aportación como elemento incriminatorio de conversaciones intervenidas entre el letrado defensor y sus clientes.


Ante todo esto, en las conclusiones que se formulan dentro del sumario del caso, se dice claramente que "el rastro del dinero se ha perdido en un laberinto de empresas que operan en paraísos fiscales, otras cantidades se esfumaron en fondos de inversión, el resto fluía de unas cuentas a otras, pertenecientes a los mismos empresarios, su recuperación es improbable, los empresarios que gestionaban sociedades que supuestamente facturaban millones de euros no tienen patrimonio a su nombre". Poco más que añadir