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[b]Jacinto[/b]
Madmaxista
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Descubierto un nuevo instrumento represivo del franquismo: el Juzgado Nacional Especial de Propaganda Ilegal | Público
El perfil de estos nuevos opositores no era el de la postguerra hegemonizado por los comunistas, sino por “hijos de los jerarcas vencedores de la guerra civil a los que había que atacar fundamentalmente en el ámbito universitario”. Entre ellos había socialistas que durante la transición democrática y años posteriores tuvieron importante protagonismo político, pero también había monárquicos de la órbita de Don Juan de Borbón y hasta falangistas críticos como Dionisio Ridruejo -que fundaría un partido socialdemócrata-, que serían encausados por dicho juzgado.
Entre los socialistas cabe destacar un sumario incoado contra contra Luis Gómez Llorente, Miguel Ángel Martínez y Miguel Boyer que sería ministro de Economía y Hacienda con Felipe González. Juan José del Águila cuenta que “Gómez Llorente y Miguel Ángel Martínez fueron condenados por propaganda ilegal a 7 meses de prisión menor, mientras que Boyer fue absuelto tras un registro domiciliario en que no le encontraron multicopistas como a los otros dos, que se comieron el marrón”. El jurista investigador recuerda que Franco se lamentaba entonces de esas crecientes protestas surgidas en el seno de la clase media diciendo: “los hijos de nuestros amigos nos abandonan”. También sería perseguido por el implacable juez Blanco Camarero el que sería alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván y su correligionario del Partido Socialista Popular (PSP) Raúl Morodo.
Otro ejemplo inequívoco de ese insaciable espíritu inquisitorial, que no reparaba en instruir sumarios incluso contra la nobleza, es el del aristócrata sevillano muy crítico con el régimen por sus convicciones monárquicas Ignacio Romero de Solís, a la sazón Marqués de Marchelina. También fue encausado por propaganda ilegal un conservador crítico del régimen y también afín a Don Juan de Borbón, como José María Ruiz Gallardón, padre del que en democracia sería alcalde de Madrid por el PP y que llegaría a ser secretario general adjunto de la fraguista Alianza Popular.
El primer sumario del juzgado fue instruido en mayo de 1957 contra Antonio Menchaca Careaga, representante de la alta burguesía vasca que había participado en la Marina franquista y que fue expulsado por monárquico liberal, al ser descubierto buzoneando un manifiesto contra la dictadura firmado en París. La última causa de este juzgado inculpó en 1963 a los 102 intelectuales que denunciaron en una carta dirigida al entonces ministro Manuel Fraga las torturas policiales contra los detenidos por las huelgas mineras del Norte.
El perfil de estos nuevos opositores no era el de la postguerra hegemonizado por los comunistas, sino por “hijos de los jerarcas vencedores de la guerra civil a los que había que atacar fundamentalmente en el ámbito universitario”. Entre ellos había socialistas que durante la transición democrática y años posteriores tuvieron importante protagonismo político, pero también había monárquicos de la órbita de Don Juan de Borbón y hasta falangistas críticos como Dionisio Ridruejo -que fundaría un partido socialdemócrata-, que serían encausados por dicho juzgado.
Entre los socialistas cabe destacar un sumario incoado contra contra Luis Gómez Llorente, Miguel Ángel Martínez y Miguel Boyer que sería ministro de Economía y Hacienda con Felipe González. Juan José del Águila cuenta que “Gómez Llorente y Miguel Ángel Martínez fueron condenados por propaganda ilegal a 7 meses de prisión menor, mientras que Boyer fue absuelto tras un registro domiciliario en que no le encontraron multicopistas como a los otros dos, que se comieron el marrón”. El jurista investigador recuerda que Franco se lamentaba entonces de esas crecientes protestas surgidas en el seno de la clase media diciendo: “los hijos de nuestros amigos nos abandonan”. También sería perseguido por el implacable juez Blanco Camarero el que sería alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván y su correligionario del Partido Socialista Popular (PSP) Raúl Morodo.
Otro ejemplo inequívoco de ese insaciable espíritu inquisitorial, que no reparaba en instruir sumarios incluso contra la nobleza, es el del aristócrata sevillano muy crítico con el régimen por sus convicciones monárquicas Ignacio Romero de Solís, a la sazón Marqués de Marchelina. También fue encausado por propaganda ilegal un conservador crítico del régimen y también afín a Don Juan de Borbón, como José María Ruiz Gallardón, padre del que en democracia sería alcalde de Madrid por el PP y que llegaría a ser secretario general adjunto de la fraguista Alianza Popular.
El primer sumario del juzgado fue instruido en mayo de 1957 contra Antonio Menchaca Careaga, representante de la alta burguesía vasca que había participado en la Marina franquista y que fue expulsado por monárquico liberal, al ser descubierto buzoneando un manifiesto contra la dictadura firmado en París. La última causa de este juzgado inculpó en 1963 a los 102 intelectuales que denunciaron en una carta dirigida al entonces ministro Manuel Fraga las torturas policiales contra los detenidos por las huelgas mineras del Norte.
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