Hilo recopilación de la mafia socialista

Delcygate, Morodo y Plus Ultra: los casos que rodean al PSOE​

Hay un dato que descoloca. La mayoría de los casos que se acumulan sobre el PSOE no están cerrados. Son investigaciones, imputaciones o procedimientos en curso. Y aun así, la lista crece. En apenas un mes se han ido sumando episodios que van desde la reunión del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez —sancionada por la UE— hasta el pago de 53 millones de euros a una aerolínea vinculada al chavismo. El goteo de informaciones ha ido construyendo un relato: el de una formación que gobierna mientras acumula frentes judiciales. Conviene separar lo que está probado de lo que solo está en el aire.

El Delcygate y las cuatro versiones de Ábalos​

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del régimen venezolano, está sancionada desde junio de 2018 por la Unión Europea: congelación de activos y prohibición de entrada al espacio Schengen. Sobre el papel, ni pisar territorio comunitario. En febrero de 2020, según las informaciones publicadas, se reunió con el entonces ministro Ábalos en el aeropuerto de Barajas. La Policía habría desmentido la versión oficial de un encuentro casual. Lo que primero se presentó como un saludo fortuito terminó admitiéndose como una reunión deliberada, celebrada a bordo de un avión para esquivar esa prohibición de entrar en suelo europeo. El ministro habría cambiado de explicación hasta en cuatro ocasiones en 24 horas. Cada rectificación, un titular.

Morodo, PDVSA y 6,4 millones en Suiza​

Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela durante el mandato de Zapatero, está investigado en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz instruye unas diligencias abiertas desde enero de 2019 contra el diplomático, su esposa, su hijo y otras cinco personas por presunto blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones comerciales. Los números: su mujer, Cristina Cañeque de Sola, abrió tres cuentas en una oficina del Credit Suisse en Zúrich en abril de 2008, apenas seis meses después de salir de Venezuela, y las habría ocultado a Hacienda durante años. Reconoce hoy un patrimonio de 6,4 millones de euros. Hacienda habría detectado además que 300.000 euros procedentes de la petrolera estatal PDVSA acabaron en una cuenta del exembajador, a través de una sociedad propiedad de su hijo.

Los 53 millones de Plus Ultra​

Otra cifra redonda: 53 millones. Es el montante del rescate público a la aerolínea Plus Ultra, vinculada al entorno chavista, según las informaciones difundidas. La operación se ha convertido en uno de los casos más citados de esta acumulación, con la sombra de un salvamento cuando menos discutible. El asunto se solapa con otros dos nombres propios recurrentes: la trama de la basura en Andalucía y el dinero de la petrolera venezolana que habría acabado en cuentas de cargos españoles. El hilo que une todos los episodios es el mismo: fondos públicos y relaciones con el entorno bolivariano.

Andalucía: la basura, el agua de Huelva y la Faffe​

Andalucía funciona como archivo del caso. La firma de un manifiesto de apoyo a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, condenados por corrupción, precedió a otro texto que pedía directamente el indulto. En paralelo se siguen señalando desvíos menores pero constantes: PSOE y PP habrían desviado a sus cuentas dos millones de euros inflando el recibo del agua de Huelva; un alcalde socialista habría contratado a la empresa de su propia mujer para varios eventos con fondos europeos; la justicia investiga el caso de la Faffe y a un exconsejero por los puertos de Ibiza. Nada de esto es una condena en firme —la mayoría son imputaciones— pero la densidad del goteo es difícil de ignorar.

El hermano, las óperas y el gasto público​

El tramo menos judicial y más incómodo es el del gasto. Se señala que el presupuesto público destinado a las óperas en las que participa David Azagra, hermano del presidente, se habría duplicado. Circulan asimismo acusaciones, no acreditadas en sede judicial, sobre la residencia fiscal del familiar mientras residiría en La Moncloa. A esto se suma la anulación por el Tribunal Supremo de la destitución del coronel De los Cobos, apartado tras investigar al Gobierno por la gestión del 8M durante la pandemia. La lectura política es que se sancionó al que hurgó donde no debía, y que la Justicia lo devuelve a su sitio.

Investigaciones, no condenas: lo que aún no se sabe​

Aquí está la paradoja que sostiene toda la lista. Varios de los grandes casos —Delcygate, Plus Ultra, Morodo, los rescates— siguen en fase de instrucción o de simple información periodística. Hay condenas firmes, como las de los expresidentes andaluces, pero son la excepción, no la regla. Y sin embargo el relato ya se ha instalado: la sospecha permanente, el caso que no termina, la sensación de que cada semana hay un frente nuevo. Cada procedimiento cerrado sin condena se leerá como encubrimiento en unos sitios y como prueba de la inocencia en otros.

¿Cuántos de estos casos acabarán en sentencia firme y cuántos se quedarán por el camino devorados por su propia instrucción?