Feijóo no moverá el 102: Sánchez se libra de su examen en el Congreso
El artículo 102 de la Constitución no tiene interruptor. Tiene aritmética. Y la aritmética, hoy, no da. Feijóo no va a activar la acusación por traición o delito contra la seguridad del Estado contra Sánchez, y con esa decisión el desgaste del Gobierno vuelve a quedar en manos de los tribunales —donde no manda el calendario político— en lugar del Congreso. La pregunta útil no es si el PP quiere. Es si puede.
Qué dice de verdad el artículo 102
Conviene fijar el terreno, porque la etiqueta se usa como si fuera un botón rojo y no lo es. El artículo 102 tiene dos apartados que funcionan al revés uno del otro. El primero establece que la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: es una regla de aforamiento, se aplica sola en cuanto hay causa y no la activa nadie.
El segundo es el que exige votación, y solo para un supuesto muy estrecho: acusación por traición o por delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio del cargo. Ahí hacen falta dos cosas a la vez: iniciativa de la cuarta parte del Congreso —88 diputados— y aprobación por mayoría absoluta, 176 votos. Los delitos que llenan las portadas estos días (prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos) no encajan en ese molde.
La moción de censura que tampoco sale
Si ni la moción de censura —un mecanismo mucho más simple— encuentra apoyos, el 102 es ciencia ficción. El Gobierno admite que no cuenta con Junts. En el PNV, Anasagasti ha exigido presentarla igualmente. En Canarias, Clavijo deja en el aire el respaldo de Coalición Canaria tras el lío del crucero Hondius y el hantavirus. Con ese mapa, la mayoría absoluta no aparece por ningún lado.
Hay quien sostiene que el PP prefiere alargar el desgaste judicial antes que exponerse a una votación perdida de antemano. Enfrente pesa otro argumento: sin moción ni 102 no hay manera de medir las costuras reales del bloque que sostiene al Gobierno. Las dos lecturas conviven en el mismo callejón.
Ceuta y la UCO: la presión que no pasa por el Congreso
La presión llega por otras vías. La Audiencia Nacional investiga la falta de previsión de Interior sobre la invasión de Ceuta; un juzgado de la ciudad ha abierto diligencias contra el delegado del Gobierno, y su jefe de gabinete dimitió asegurando que informó a su superior de las alertas del CNI. Robles apuntó a Marlaska. Se habla de 18 avisos previos y de seis policías de frontera cuya instrucción, según lo publicado, habría sido no actuar.
En paralelo, el frente de la UCO. Según las informaciones difundidas, el Ejecutivo habría sondeado descabezar la unidad; un general habría ordenado excluir referencias a Marruecos de un informe remitido a la jueza, y un auto de Pedraz señala que Santos Cerdán recibía órdenes del llamado One. Todo en fase de investigación. Nada condenado.
Con estos números, la única vía para desgastar al Gobierno pasa por los juzgados, donde el PP no fija el calendario. La política mira. Y ahí se atasca todo: ni el bloque que sostiene al Ejecutivo tiene votos para blindarse, ni la oposición los tiene para arrinconarlo. El 102 seguirá guardado en el cajón, esperando una aritmética que hoy no existe.