Alguien debe denunciar al gobierno español ante ONU por el efecto llamada, por secuestro de menores y por los perecidos que está provocando en alta mar

La denuncia a España en la ONU contra el cheque de 45 millones​

La tumba del Mediterráneo se ha cobrado miles de vidas este año, y una parte creciente de la opinión pública ya no quiere que los responsables sean solo los traficantes. Quiere que el Gobierno español responda ante la ONU por el efecto llamada, por el presunto secuestro de menores y por las muertes en alta mar. Pero hay un dato que enreda la reclamación: España ha pagado más de 45 millones de euros a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia de la ONU encargada de gestionar los flujos migratorios, y que, según las informaciones publicadas, lleva quince años dirigida por la esposa del ministro de Agricultura, Luis Planas.

El conflicto de interés que nadie quiere ver​

La coincidencia de cargos dispara las sospechas. Una corriente de análisis sostiene que es imposible pedir a la ONU que investigue a España cuando una de sus agencias clave está dirigida por la mujer de un miembro del Ejecutivo. No es una teoría conspiratoria: la OIM ha recibido decenas de millones de los presupuestos generales en los últimos años, y el vínculo familiar entre la directora, María Jesús Herrera Ceballos, y el ministro Planas figura en los registros públicos. Para los críticos, esto explica la «militancia silenciosa» del organismo internacional y convierte la denuncia en una broma.

¿Denunciar a quien paga? La vía internacional bajo sospecha​

Quienes impulsan la denuncia ante Naciones Unidas argumentan que el objetivo no es tanto conseguir una condena como forzar la visibilidad mediática. Un informe, una resolución, una declaración de un relator especial obligaría al Gobierno a explicar su política migratoria en público. Pero el escepticismo es enorme. La ONU, dicen otros, no es un árbitro neutral: es un organismo de estados miembro, y España sienta en su Asamblea General con los mismos derechos que quienes la critican. Además, la estructura de agencias y comisiones está llena de nombramientos políticos que, como en el caso de la OIM, difuminan la frontera entre gestión migratoria y compadreo institucional.

Mientras tanto, el goteo de muertes continúa y las acusaciones de secuestro de menores no encuentran cauce judicial en España. La pregunta que flota es si la vía internacional servirá para algo más que para que los mismos que pintan los atestados se sienten a hablar de protocolos. La denuncia, de prosperar, tendrá que sortear un dato incómodo: para pedir cuentas a la ONU, el demandante tendría que sentar en el banquillo al organismo que recibe el dinero del denunciado. Y de momento, la OIM sigue cobrando.