Menas de Ceuta: la ley que obliga a PP y Vox a acoger lo que prometieron rechazar
El discurso contra el reparto de menores no acompañados ha durado exactamente hasta que la legalidad les puso los papeles encima de la mesa. PP y Vox, que prometieron no acoger ni uno más, han terminado aceptando la distribución de los menas de Ceuta entre las comunidades autónomas. No es un giro ideológico: es la Ley de Extranjería, que obliga a las CCAA a compartir la acogida cuando un territorio está saturado. Y mientras Jovenlandia reclama a sus menores, el Gobierno mira hacia otro lado.
La promesa que choca con el BOE
Durante la campaña, el discurso era contundente: no se acogería a ningún menor más. Pero cuando la situación en Ceuta llegó al límite, PP y Vox se encontraron con que la legislación vigente no distingue entre voluntad política y obligación administrativa. La acogida es un mandato, y evitarla exigiría una reforma legal con un consenso que no existe. Los críticos recuerdan que esa ley ya estaba cuando se lanzaron las promesas, así que o no la conocían o la ocultaron.
El acuerdo con Jovenlandia que nadie ejecuta
El argumento que sostiene la oposición es que existen mecanismos legales, desde 2021, para devolver a los menores a Jovenlandia. Hay un acuerdo firmado y el país vecino ha confirmado que los acepta. Lo que falta es que el Gobierno lo aplique. Para muchos, PP y Vox tienen margen para presionar al Ejecutivo, y al sumarse al reparto se convierten en colaboradores de una política que dicen rechazar. Para otros, la oposición no puede saltarse la ley ni sustituir al Gobierno; su margen es el recurso jurídico y la denuncia política.
La geometría política del enfado
El episodio deja al desabrigado la tensión entre la base radical y la institucionalidad. Una parte del electorado de Vox se siente traicionada: el partido que prometió plantar cara se ha limitado a cumplir la norma. La otra lectura, defendida por los seguidores liberales, sostiene que no hay opción: incumplir la ley sería el fin de la democracia liberal. Entre las ocurrencias del debate, no faltó quien propuso construir una 'Fortaleza Infernal' en el espacio de la mano de Elon Musk para resolver el problema de raíz. Por ahora, la solución terrenal se parece más a un reparto administrado por comunidades autónomas.
El dilema de fondo sigue abierto: si la ley es el verdadero obstáculo, ¿por qué nadie la reforma? Con mayorías fragmentadas y un asunto que atraviesa los partidos, la respuesta no parece inminente.