¡¡¡BOOM!!! INDULTO A CORRUPTOS

El BOE que perdona a tres condenados por corrupción

Si la Justicia tardó años en sentenciar a Laura Borràs, el Gobierno ha necesitado mucho menos para perdonarle la inhabilitación. La publicación en el Boletín Oficial del Estado de los indultos a tres condenados por prevaricación, malversación y falsedad documental ha reavivado la polémica sobre el uso de la medida de gracia. No son casos menores: hablamos de delitos contra la administración pública, resueltos en sentencia firme.

Quiénes son los indultados y por qué estaban condenados

El nombre que más ruido ha hecho es el de Laura Borràs i Castanyer, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. Según la acusación, Borràs otorgó 18 contratos a un informático amigo, Isaías Herrero, por un total de 335.700 euros entre 2013 y 2017, presuntamente fraccionados de forma ilegal y pagados a través de empresas pantalla. Los correos electrónicos que constan en el sumario son demoledores: la propia dirigente ofrecía confeccionar presupuestos falsos para simular concurrencia.

Junto a ella, los otros dos indultados son Juan Fernández Gutiérrez, condenado por malversación de caudales públicos a tres años de prisión, y Natalio Grueso Rodríguez, sentenciado a cinco años por un delito continuado de malversación en concurso con falsedad documental. Todos ellos han visto reducidas o anuladas sus penas por decisión del Consejo de Ministros.

El aval del PP y el ruido político

Lo más llamativo del expediente no es la decisión en sí, sino que una de las medidas de gracia contó con el aval del grupo municipal del PP, según publicó El País. Ese detalle descoloca el relato de «indultos para amigos del partido» y abre la puerta a un análisis más incómodo: la justicia, cuando se acerca a la política, siempre huele a componenda. Sectores críticos con el Ejecutivo sostienen que estos indultos son el precio pagado por la investidura y por los votos de los partidos independentistas. Otros recuerdan que la medida es legal y está contemplada en la Constitución, aunque su uso en casos de corrupción sea, cuanto menos, discutible.

¿Hasta dónde llega el indulto?

Conviene precisar que el indulto es parcial y no borra los antecedentes. Tampoco puede aplicarse a condenas que no sean firmes, lo que limita el margen del Ejecutivo. Aun así, la decisión llega en un momento de máxima tensión judicial y política, con varios miembros del Gobierno bajo investigación y con la sombra de una amnistía que ya se aplicó a los líderes independentistas. La sensación de que el poder puede perdonar a los suyos es difícil de neutralizar, sobre todo cuando las sentencias eran recientes y contundentes.

Con el runrún de fondo de una posible querella europea, lo único seguro es que estas tres firmas en el BOE no serán las últimas. La legislatura tiene cuerda para rato, y el repertorio de indultos, también.