BOOOOOM! De los 1,2 millones de solicitudes de regularización de forasteros, 67% son de sudamericanos

El 67% de las solicitudes de regularización son de sudamericanos: ¿política migratoria o parche electoral?​

La cifra es contundente: de las 1,2 millones de solicitudes presentadas al proceso de regularización extraordinaria, dos de cada tres corresponden a ciudadanos de países sudamericanos. El dato, que ha circulado en medios y redes, abre el debate sobre los efectos reales de una medida que el Gobierno presentó como una solución administrativa y humanitaria.

Un proceso masivo y su composición​

Las cifras oficiales muestran que la mayoría de los solicitantes provienen de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. La nacionalidad colombiana encabeza la lista, seguida de venezolanos que, en muchos casos, ya residían en España con estatus irregular. El perfil mayoritario es joven, en edad laboral y con empleos precarios en sectores como la hostelería, la agricultura y el servicio doméstico. La regularización, al menos sobre el papel, les permite acceder a un contrato formal, a la Seguridad Social y a la sanidad pública.

Críticas y sombras sobre el proceso​

Sin embargo, no todo son aplausos. Entre los análisis más escépticos se señala que el plazo abierto coincidió con un repunte de llegadas irregulares, y que el sistema no ha sido capaz de verificar en profundidad la documentación presentada en todos los casos. Algunos medios han vinculado a personas investigadas por delitos —como la conocida como banda del Vaticano— con la regularización, lo que alimenta la percepción de que el coladero está servido. El argumento oficial, que la medida reduce la economía sumergida y la explotación laboral, tiene defensores y detractores. Los que la cuestionan sostienen que incentiva la inmigración irregular futura y que los recursos públicos se destinan a trámites de dudosa efectividad.

¿Impacto electoral o solución estructural?​

El proceso se desarrolló en un contexto político tenso, con el Ejecutivo en minoría y necesitado de apoyos parlamentarios. La regularización masiva es vista por unos como un gesto hacia la comunidad migrante y sus países de origen, y por otros como un movimiento electoralista que busca ampliar la base de votantes potenciales. La realidad es que, una vez cerrado el plazo, el número de solicitantes duplica las previsiones iniciales, lo que deja en el aire la capacidad administrativa para gestionar las peticiones sin colapsar los juzgados y las oficinas de extranjería.

El debate que no se cierra​

Con 1,2 millones de solicitudes sobre la mesa, la pregunta es si España está preparada para absorber a esa población en el mercado laboral formal. Los datos disponibles apuntan a que la mayoría encontrará trabajo, pero a menudo en condiciones precarias. El verdadero test llegará cuando los expedientes se resuelvan y se vea si la regularización reduce efectivamente la economía sumergida o si, por el contrario, se convierte en un episodio más de una política migratoria que nadie termina de diseñar a largo plazo. Lo que parece claro es que el 67% sudamericano no es una anécdota: es la foto fija de un flujo migratorio que no va a detenerse.