*Tema mítico* : ⚡ Hilo oficial sobre las movilizaciones perpetuas e IMPARAPLAS en Cataluña

Cataluña: carreteras cortadas, jueces atacados y un Govern desautorizado​

Un camión cruza a paso de hombre el corte de la AP-7 en La Junquera, con la carga a cuestas y la jornada perdida. Es la estampa que se repite cada vez que un grupo de manifestantes decide bloquear el principal corredor de mercancías entre España y el resto de Europa. Cataluña acumula desde la sentencia del 1-O, en octubre de 2019, una secuencia de movilizaciones en Cataluña que ya no se lee como un estallido puntual: cortes de carretera, concentraciones ante sedes judiciales y boicoteos a actos políticos que se reproducen casi a diario. La novedad no es la protesta. La novedad es su conversión en rutina.

El detonante: la sentencia del 1-O y un otoño en la calle​

La Asociación Profesional de la Magistratura denunció que los juzgados de Girona fueron atacados con bolsas de basura y pintura arrojadas contra la entrada. Horas antes, grupos de manifestantes habían intentado boicotear actos del PSC en Terrassa y en Esparreguera, y, según mensajes difundidos, un empresario del calzado fue agredido a la entrada de un acto de la Fundación Princesa de Girona. En paralelo, la acción convocada por Tsunami Democràtic en el peaje de Irún de la autopista A-8 generó colas de hasta 11 kilómetros, según la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

El repertorio se repetía con pocas variantes: quema de fotografías institucionales —con la pose incluida para la red social—, cortes de vía y una puesta en escena que mezclaba consigna política y contenido para redes. La factura de esos días no la pagaban los convocantes. La pagaba quien tenía que llegar al trabajo, quien esperaba una mercancía o quien, simplemente, quería salir de puente.

En ese clima circuló también la atribución, nunca confirmada en el material manejado, de que determinados nombres propios estarían detrás de la plataforma que coordinó aquellas acciones. La sospecha se difundió más rápido que cualquier resolución judicial.

¿Por qué un sindicato de Mossos acusa a Torra de usar el cuerpo como arma política?​

Un sindicato independiente de los Mossos d'Esquadra envió una carta al president de la Generalitat en la que reprochaba su falta de confianza hacia el cuerpo y le acusaba de utilizarlo como arma política. El texto pedía que cada agente herido fuera defendido «con todos los medios de que disponga» y avisaba de que, hasta entonces, no habría conversación posible. La misiva llegaba después de jornadas de disturbios en Barcelona con agentes lesionados.

El malestar no era solo retórico. En los cortes de la AP-7 en Girona, según mensajes que circularon, los grupos de refuerzo esperaban la orden de desalojar mientras la instrucción política no llegaba, y esa demora se convirtió en el eje del reproche. La lectura más repetida: si la investidura dependía de los partidos independentistas, nadie iba a autorizar una carga en condiciones. La crítica apuntaba al Ministerio del Interior, al que se acusaba de frenar a los antidisturbios para no incomodar a los socios parlamentarios.

El mismo día, en Barcelona, un mensaje difundido sostenía que una unidad de la Guardia Urbana expresaba su rechazo interno a intervenir en el corte de la Meridiana por el riesgo de un enfrentamiento civil abierto. El argumento era incómodo: si la policía municipal cargaba, el conflicto dejaría de ser un problema de orden público y pasaría a ser una disputa política con vecinos enfrentados en la misma acera.

Por debajo circulaban mensajes que después se conocerían. En un chat de policías locales de Mataró aparecieron comentarios en los que se pedían medios contundentes y se deseaba una respuesta sin matices contra las protestas; quienes los difundieron los presentaron como muestra de un clima de tensión extrema dentro de los cuerpos. Una parte sostuvo además que se abrieron expedientes internos a agentes, algo que leyó como una caza de brujas contra los perfiles no independentistas.

¿Quién paga el bloqueo de las carreteras catalanas?​

El bloqueo no solo corta calles: corta corredores. Y ahí los números pesan más que los eslóganes. La AP-7 es la principal salida hacia el centro de Europa y Francia, pero no la única; la N-II, con tramos de un solo carril por sentido, y los pasos de Puigcerdà-Bourg-Madame, Andorra-Pas de la Casa y la Vall d'Aran-Melles tienen tramos que no admiten transporte pesado hasta enlazar con la autopista francesa. Traducido: cuando el corte se instala, no hay plan B real para miles de camiones.

Los bloqueos se multiplicaron. La Meridiana quedó interrumpida y complicó la ida y la vuelta del trabajo a miles de personas, mientras Sociedad Civil Catalana anunciaba cortes en los túneles de Vallvidrera como respuesta. En el centro de Barcelona, el Passeig de Gràcia quedó cerrado al tráfico y solo se podía cruzar en perpendicular, con un vehículo de la Guardia Urbana en cada cruce. El relato de quien lo veía en directo describía una ciudad partida en dos por controles en cada esquina.

La consecuencia económica no es un titular, es una suma de costes diarios: entregas retrasadas, horas de conductor perdidas, mercancía perecedera y una reputación logística que se deteriora cada vez que un corredor se convierte en escenario de protesta. En el caso de los vehículos trasladados por la grúa al otro lado de la frontera, un cálculo que circuló entre quienes siguieron aquellas jornadas cifraba en 700 euros el coste de recuperar el coche.

El relato internacional y el vídeo que era de Corea del Sur​

La estrategia de llevar el conflicto a los medios internacionales tiene su propia factura. Una agencia de noticias publicó el titular de un líder encarcelado advirtiendo de que la sentencia podía criminalizar la disidencia, un encuadre que molestó en España y alimentó en Cataluña la idea de que el mundo mira. El problema es que el mundo mira con menos atención de la que se le supone.

La circulación de vídeos mal atribuidos fue la otra cara. Un clip presentado como intervención policial alemana en una manifestación resultó ser, según quienes lo desmontaron, un entrenamiento de la policía de Corea del Sur y con varios años a la espalda. El detalle explica por qué la propaganda de ambos lados se cae con facilidad cuando alguien hace una búsqueda inversa.

El análisis más compartido apuntaba a un error de diagnóstico de fondo: durante años se asumió que la presión internacional forzaría una mediación y que bastaría con mostrar heridos y detenciones para que terceros países intervinieran. Cuando eso no ocurrió, la internacionalización dejó de ser una palanca y se quedó en una línea de comunicación. La teoría del cisne negro —un acontecimiento imprevisto capaz de reabrir el proceso— sustituyó a cualquier hoja de ruta.

Del 10-N al confinamiento: el pulso se quedó sin combustible​

La cita electoral de noviembre de 2019 reordenó el tablero. Unos leyeron el resultado como un castigo al independentismo; otros, como la prueba de que el bloque no se movía. Lo cierto es que la aritmética parlamentaria dejó la gobernabilidad en manos de los partidos catalanes, con la paradoja de que la calle presionaba al mismo Gobierno del que dependía la investidura.

Después llegó algo que nadie había previsto: la primera ola de la covid-19. El confinamiento vació las calles y dejó el asunto sin actividad durante meses. Cuando se recuperó el pulso, la agenda había cambiado. Se hablaba de la salida de prisión de los líderes encarcelados —cuatro meses después de la sentencia, según una de las lecturas más repetidas— y de la decisión de la Generalitat que la hizo posible. La acusación de convertir la Justicia en un cachondeo circuló sin que nadie la rebatiera con datos.

Con la pandemia como telón de fondo, la protesta perdió su función de presión inmediata. Ya no había investidura que condicionar del mismo modo ni elecciones a la vista. El repertorio siguió existiendo, pero la sensación de urgencia se diluyó.

¿Se está apagando la protesta o solo cambia de forma?​

Depende de a quién se pregunte. Hay quien sostiene que la movilización independentista se ha convertido en una minoría muy activa —cuatro gatos que hacen mucho ruido, en la formulación más repetida— y que el frío o la lluvia bastan para reducirla. Otros responden que medir el conflicto por la asistencia a un acto es un error de método, porque la capacidad de bloquear una vía no depende del número, sino de la disposición a hacerlo.

Los roces internos dieron munición a la primera tesis. El líder de ERC habría pedido a los convocantes que no interrumpieran el acto central de su partido, según la información difundida, con la advertencia de que sus hijos asistirían. La petición, en forma de ruego, se leyó como una confesión de impotencia: quien durante años legitimó la presión en la calle terminaba pidiendo tregua a los suyos.

En el otro extremo, los partidos de ámbito estatal hacían su propia lectura de la inacción policial y de los cortes, convencidos de que cada bloqueo les acercaba votos. Y aparecían frentes nuevos: el debate jurídico sobre cómo imputar los hechos a quienes no los ejecutaron materialmente, y la previsión de que las próximas concentraciones multitudinarias no serán independentistas, sino de otros colectivos descontentos.

Queda el dato incómodo, el del contador. La gran manifestación constitucionalista de aquel noviembre se cifró en 80.000 asistentes y, según la aritmética que circulaba, esa cifra se convierte en 160.000 o se queda en la mitad en función de quién empuñe el contador y de qué lado sople. Con ese método de medición cualquier balance cabe y ningún pulso se cierra. Es, probablemente, la mejor descripción del asunto: un conflicto que nadie gana, que nadie convoca del todo y que nadie desconvoca nunca.