Ruido, impunidad y la guerra vecinal contra los moteros "flipados"
Cada vez son más visibles en las carreteras y pueblos: conductores de motos de 125 centímetros cúbicos con escapes modificados que atruenan el barrio. El fenómeno genera un clamor social que ningún gobierno parece querer atajar. Vecinos hartos, encuestas imaginarias donde el 99% votaría por prohibir cualquier moto que suene más que un coche, y una sensación de impunidad absoluta.
El perfil tipo es el de un joven con una moto barata —muchas veces una 125— a la que se le ha instalado un «tubarro» (escape deportivo) para hacer más ruido. El resultado no solo es molesto, sino peligroso: acelerones en segunda marcha cruzando el centro urbano, «estiramientos de la R» al corte, y una actitud que los afectados califican de exhibicionismo temerario.
Los defensores de los motoristas argumentan que no todos son iguales y que la afición no debería criminalizarse. Pero el debate revela un hartazgo transversal: la mayoría considera que la actual normativa es papel mojado y que las multas, si existen, no disuaden.
¿Por qué, si hay consenso social contra el ruido, las motos trucadas siguen campando a sus anchas? La respuesta puede estar en la falta de control técnico en las ITV, en la permisividad de las administraciones locales o en un simple desinterés político. Mientras tanto, los vecinos siguen escuchando ese sonido metálico que nadie pidió.