El abogado de Amsterdam & Partners, dice que los españoles no tienen derechos frente a la organización terrorista de la agencia tributaria española

La carta que acusa a Hacienda de pagar primas por recaudar más​

¿Cuánto cuesta discutirle una liquidación a la Agencia Tributaria? Más que dinero: tiempo, salud y, en demasiados casos, el negocio. La ofensiva judicial que el bufete Amsterdam & Partners mantiene contra la AEAT ha puesto sobre la mesa una cifra que circula poco: en 2024, la Agencia abonó más de 280 millones de euros en primas y gratificaciones a su personal. En 2025, dirección y sindicatos pactaron un bonus extraordinario de 125 millones destinado a incentivar que la recaudación de IRPF e IVA supere el crecimiento de la economía. Pagar por recaudar más, así, en crudo.

La cifra aparece en la carta que el abogado Robert Amsterdam firma y dirige a la directora general de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, en el marco de una macrocausa que acumula testimonios de contribuyentes extranjeros y nacionales. El escrito sostiene que esos incentivos convierten la función inspectora en una carrera por el objetivo, con el contribuyente como parte contraria. Es la acusación central del asunto. Y, por ahora, una acusación.

Los incentivos que convierten al inspector en recaudador​

La crítica no es que existan bonus, sino a qué se vinculan. El argumento que más se repite: si la prima depende de lo recaudado, el incentivo deja de ser perseguir el fraude y pasa a ser encontrar materia imponible donde sea, con independencia de que un tribunal acabe dándole la razón al administrado. Hay quien añade el segundo tramo del problema. Cuando el contribuyente gana el pleito, quien indemniza es la propia Agencia —es decir, todos— y no el funcionario que instruyó el expediente. La asimetría, sostienen, es el motor del sistema.

Y ahí está el núcleo de todo esto: no se discute el impuesto, se discute el procedimiento. Por eso el asunto ha saltado de la esfera fiscal a la conversación sobre inseguridad jurídica.

Ley Beckham: los que vinieron a trabajar y acabaron en los tribunales​

El régimen especial para trabajadores desplazados, conocido como Ley Beckham, ha generado un rosario de expedientes que han terminado convertidos en testimonios públicos. Bajo seudónimo se han publicado relatos como el de «Anna», que rompió el silencio, el de «Michael» y el de «Lars», un profesional sueco que resume su experiencia en una frase que se cita sola: «Queríamos trabajar y contribuir, pero nos lo pagaron con amenazas y humillación». Son versiones de parte, recogidas por la prensa económica y pendientes de resolución judicial.

El patrón que describen es común: requerimientos sucesivos sobre documentación ya aportada en el primer trámite, giros de criterio sobre la residencia fiscal y un coste de defensa que, en la práctica, transforma la razón jurídica en un lujo al alcance de pocos.

El criterio cambiante y el Supremo​

El caso más citado es el de Xabi Alonso, absuelto por el Tribunal Supremo tras años de litigio por la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad en Madeira. El alto tribunal concluyó, según el relato difundido, que sin prueba de dolo ni simulación no había infracción. La pregunta que sobrevuela el asunto es incómoda: si lo que ayer era legal deja de serlo por un cambio de criterio administrativo, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de seguridad jurídica?

Hay un contraste más que se repite en la discusión: las inspecciones abiertas y suspendidas de inmediato en el caso de un expresidente del Gobierno, según publicó La Razón citando datos del sindicato de técnicos GESTHA. La comparación no prueba nada por sí sola. Pero alimenta la percepción de dos varas de medir.

Pagar a devolver: el consejo que nace del miedo​

Entre los relatos menudos hay uno que retrata mejor que cualquier estadística el clima descrito. El consejo de un asesor fiscal a un autónomo, repetido durante 25 años: no presentar jamás una declaración que salga a devolver. Mejor pagar algo, aunque sea poco, que ponerse en el punto de mira. Otro caso: una cuenta bancaria con unos 500 euros en España, bloqueada tras no aportar datos de residencia e ingresos en el extranjero. Sin teléfono, sin llamada, sin requerimiento formal que se recuerde.

Y de fondo, un detalle administrativo convertido ya en chiste recurrente. La «herramienta maravillosa» que la Agencia pone a disposición del contribuyente es un buscador que no entiende ninguna pregunta que no venga prediseñada. El sistema que usa para cruzar datos, en cambio, es de primer nivel. Curioso reparto de recursos.

Dinamarca no es el paraíso que venden​

El contrapunto internacional también está sobre la mesa. Quien defiende el modelo nórdico recuerda que allí se paga más, pero se recibe una administración predecible y unos servicios que funcionan. Quien lo ataca responde con cifras: IVA del 25%, impuesto de matriculación del 180%, y estructuras de holding familiar en las que, mientras el dinero no salga, no se tributa. El resultado, argumentan, es el mismo de siempre: la factura la acaba pagando la nómina media, no el patrimonio bien estructurado.

¿Y España? Con estos mimbres, la reacción del contribuyente de a pie no es protestar. Es mirar la puerta. O pagar y callar aunque tenga razón en los papeles. Lo segundo sale más barato.

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Y así llevamos años: premiando al que más recauda y llamando ciudadano ejemplar al que no pregunta.