200.000 saharauis recuperan la nacionalidad que Franco les arrebató
En junio de 2020, el Tribunal Supremo cerró la puerta con una sentencia tajante: haber nacido en el Sáhara Occidental antes de 1975 no daba derecho a la nacionalidad española, porque aquel territorio nunca fue parte de España, sino una colonia. La población saharaui original y sus descendientes se quedaron fuera. Ahora el Gobierno tramita una norma para devolverles el pasaporte: hasta 200.000 personas nacidas bajo bandera española podrían recuperar la nacionalidad española. La cifra admite dos lecturas —reparación histórica o movimiento de piezas en el tablero electoral— y ninguna se cae sola.
Qué cambia la ley y a quién alcanza
La norma abre la vía de recuperación para quienes nacieron en la antigua provincia y para sus descendientes. El diputado Enrique Santiago lo enmarcó como una deuda pendiente: la dictadura de Franco, dijo, les arrebató la nacionalidad «en un acto de traición y cobardía». El texto no llega a reconocer expresamente que esas personas fueron españolas, un matiz que no es menor. Y el plazo para solicitarla se limita a los tres años posteriores a la entrada en vigor: pasado ese tiempo, aunque hubiera derecho, ya no habrá ventana.
El pulso: ¿votantes nuevos o reparación pendiente?
Buena parte de la controversia no va de derecho, sino de urnas. Se sostiene que la operación busca fabricar votantes afines y se apunta al voto por correo desde los campamentos de refugiados en Argelia como supuesta vía de manipulación del censo. El contraargumento es sencillo: no hay razón para dar por hecho que ese colectivo vaya a votar a la izquierda, y muchos han vivido la peor cara de la política española en la región. La aritmética parlamentaria añade ruido: si el PP se abstiene, el Ejecutivo no necesita atar otros apoyos para sacar la norma. El cálculo, según quién lo sume, cambia de signo.
La herida del Sáhara: de provincia 53 a 1975
El Sáhara Occidental llegó a ser la provincia española número 53. En 1975, con Franco ya moribundo, España entregó el territorio. Medio siglo después, la norma incomoda a Marruecos, que recela de un paso que concede identidad propia a ciudadanos del Sáhara Occidental. Sobre la mesa siguen los fosfatos, el hierro, el petróleo, la pesca y el gas. Y una pregunta incómoda sobrevuela el expediente: si se les devuelve la nacionalidad, ¿por qué no el territorio?
En términos de población, 200.000 personas son una Salamanca y una Zamora añadidas de golpe a los colegios, los hospitales y la hucha de las pensiones. Los datos de una ley se cuentan en el BOE; los de una migración, en la frontera. Ninguno de los dos cuadra todavía.