Zapatero esquivó las medidas cautelares y el relato oficial cruje
El juez Santiago Calama, instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, ha rechazado todas las medidas cautelares solicitadas contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La decisión, tomada apenas días después de que fuera imputado por delitos relacionados con presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea, ha encendido todas las alarmas. No hay retirada de pasaporte, ni fianza, ni comparecencia periódica. Nada. El exmandatario sale del juzgado sonriente, como quien ha esquivado una bala de fogueo.
La sombra del indulto al hermano del juez
Lo que para la defensa es una decisión ajustada a derecho, para un amplio sector del análisis judicial es un escándalo de manual. El juez Calama no solo ha ignorado las peticiones de la acusación popular, sino que lo ha hecho sin ni siquiera decretar un registro domiciliario o una intervención telefónica. Algo que, según la jurisprudencia habitual en delitos económicos de esta entidad, resulta cuanto menos llamativo. Y el detalle que convierte la anomalía en sospecha tiene nombre y apellidos: en 2011, el Gobierno de Zapatero indultó a un hermano del juez Calama por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol. La coincidencia —o no— ha abierto un debate sobre la imparcialidad del instructor, que algunos ya consideran comprometida.
¿Cortafuegos contra la extradición? Un frente internacional se cierne
Pero hay más. La cronología añade un elemento que refuerza la teoría de la protección. Según ha trascendido, Zapatero tenía previsto un viaje a República Dominicana el mismo día de su imputación, un viaje que finalmente canceló. La tesis que gana peso entre los analistas es que la apertura de una causa en España ha servido de parapeto para frustrar una eventual petición de extradición por parte de Estados Unidos, que investiga al expresidente por sus vínculos con el chavismo y con Hugo 'El Pollo' Carvajal. La DEA y el Departamento de Justicia norteamericano estarían interesados en su detención, pero la imputación nacional impide cualquier entrega mientras el caso esté vivo. Así, lo que parece un proceso penal sería en realidad un salvoconducto: mientras la justicia española 'lo investiga', no puede ser reclamado por nadie.
Un trato de seda que aviva la indignación ciudadana
El contraste con otros casos de corrupción es brutal. Mientras que altos cargos del mismo partido como José Luis Ábalos o Koldo García permanecen en prisión provisional, el expresidente campea a sus anchas. Ni sus hijas —también señaladas por el presunto uso de las joyas de la discordia— han sido imputadas. La sensación de impunidad cala hondo en una ciudadanía que ve cómo los resortes del poder se activan siempre para los mismos. El propio Gaspar Llamazares, exdiputado de IU, ha señalado que se le está tratando con un látigo de seda. Una expresión que, vista la decisión del juez, se queda corta.
¿Hasta cuándo durará la inmunidad de facto?
Las piezas separadas del caso Plus Ultra aún están en fase de instrucción y la investigación internacional no se detiene. La presión de Washington es creciente, y la posibilidad de que Trump, si vuelve a la Casa Blanca, exija cuentas a Maduro y a sus socios españoles es real. Pero, por ahora, Zapatero sigue en España, sin tobillera, sin fianza y sin que se le haya intervenido un solo dispositivo. A este paso, el único riesgo que corre es que alguien le recuerde que debe firmar cada quince días. Y ni eso.