Es intolerable el número de victimas del temporal en un país desarrollado.

¿Por qué un país desarrollado como España no puede evitar 200 muertos por inundaciones?​

La pregunta resuena después de la gota fría que arrasó la Comunidad Valenciana dejando tras de sí un balance provisional de más de 200 fallecidos. Una cifra que, en cualquier país de la OCDE, debería activar todas las alarmas. Pero lo que los datos revelan es una cadena de fallos de manual: desde la eliminación de la unidad de emergencias autonómica hasta la convocatoria tardía del Cecopi, cuando ya había víctimas.

La eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias​

Una de las decisiones más señaladas es la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) por parte del presidente Carlos Mazón a los cuatro meses de llegar al gobierno autonómico. La UVE era el cuerpo especializado en respuesta inmediata a catástrofes. Su desaparición fue denunciada por la oposición, que la considera una de las causas de la lentitud en la reacción. La UME, el cuerpo estatal creado bajo el gobierno de Zapatero y calificado por el PP como «capricho», tuvo que asumir todo el peso, pero su activación también llegó tarde.

Respuesta tardía: el Cecopi a las 17h​

Según el testimonio de una meteoróloga recogido por Levante-EMV, el Centro de Coordinación Operativa (Cecopi) se convocó a las 17:00 horas de la tarde, cuando ya se habían producido las primeras víctimas mortales. «Era evidente que iba a haber víctimas. Las imágenes de Utiel ya nos dicen por la mañana lo que va a pasar», declaró. El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar ya mostraba datos críticos desde la mañana. La pregunta es obvia: ¿por qué no se activó antes?

La lección de 1957: cuando Franco pensó a largo plazo​

Para encontrar una comparación incómoda, algunos participantes del debate traen a colación la riada de 1957 en Valencia. Entonces, el régimen franquista puso en marcha el Plan Sur, que desvió el cauce del Turia. La obra se financió en parte con un sello de 10 céntimos de peseta con el escudo de Valencia, que los ciudadanos pagaron durante diez años. El coste total, en euros actuales, sería irrisorio comparado con los beneficios: sin ese desvío, las víctimas de la reciente gota fría podrían haber sido decenas de miles, según se argumenta en el debate. La paradoja es que una dictadura —acusada de no invertir en nada que no fuera propaganda— hizo una planificación hidráulica que medio siglo después sigue salvando vidas, mientras que los gobiernos democráticos han permitido construir en zonas inundables y han descuidado el mantenimiento de cauces y diques.

¿País desarrollado o subdesarrollado?​

El debate sobre si España es o no un país desarrollado atraviesa la discusión. Quienes defienden que sí, señalan que EE.UU., con tornados y huracanes, tiene más muertes anuales por catástrofes naturales. Pero la comparación cojea: los tornados son fenómenos de difícil predicción, mientras que las gotas frías en el Mediterráneo son un patrón climático conocido desde hace siglos. La cuestión no es si España tiene medios, sino si los utiliza correctamente. La cruda realidad es que la gestión de emergencias sigue siendo un campo de batalla política, con competencias autonómicas mal coordinadas y una inversión en infraestructuras hidráulicas que, según los últimos datos del hilo, no ha avanzado en los cuatro meses posteriores al desastre: «casi 4 meses y no se ha licitado ninguna obra hidráulica como la gente», se lamenta un comentario.

El resultado es una sociedad que presume de ser la cuarta economía de la zona euro, pero que sigue teniendo vulnerabilidades propias de un país en vías de desarrollo. Y lo peor: la próxima gota fría llegará, y lo único que ha cambiado es el recuento de muertos.