Una familia de cuatro personas, dos de ellas con discapacidad, duerme en un parque de Sagunto: la brecha entre los recursos disponibles y la respuesta institucional
La historia de Herminia, una mujer de 76 años que se desplaza en silla de ruedas por una degeneración ósea, ha saltado a la luz pública. Según una información publicada en Levante-EMV, Herminia, su marido de 81 años con un codo recién fracturado, su hijo de 51 y su hija de 41 con una discapacidad superior al 70%, llevan días durmiendo en un parque de Sagunto. La familia es seguida por los Servicios Sociales de València, pero la burocracia les ha dejado en la calle.
Ingresos que no bastan para un techo
A pesar de que la unidad familiar percibe alrededor de 2.000 euros en pensiones —suficientes sobre el papel para alquilar—, ningún propietario acepta arrendarles. La razón, según se desprende de la información, es doble: la Ley de Vivienda que dificulta los desahucios de hogares vulnerables y la saturación del mercado de alquiler, que deja fuera a perfiles considerados de riesgo. "No les alquila nadie pese a tener ingresos", resumen fuentes cercanas al caso. La hija duerme sobre un tobogán, mientras Herminia alterna el colchón que le ha proporcionado su hijo con la propia silla de ruedas.
El obstáculo del empadronamiento y la respuesta institucional
La complejidad administrativa añade otra capa al desamparo. La familia está empadronada en Mislata, pero los informes de vulnerabilidad los tramita Servicios Sociales de València, lo que obliga a una coordinación que, a fecha de esta información, no se ha producido. Mientras, el Ayuntamiento de Sagunto —donde duermen— no tiene competencia directa. La falta de una vivienda adaptada para una persona con movilidad reducida y una hija con graves discapacidades es otro factor que cierra puertas.
El contraste con la acogida a inmigrantes
El caso ha reabierto un debate recurrente: mientras que los solicitantes de asilo y los menores extranjeros no acompañados (MENAS) reciben alojamiento inmediato en hoteles y centros, una familia española con dos personas dependientes duerme a la intemperie. Las críticas apuntan a que las políticas de acogida priorizan a ciertos colectivos sobre otros, aunque la respuesta oficial se limita a derivar el expediente. La situación sigue sin resolverse.