*Tema mítico* : Hilo oficial del golpe de Estado de Puigdemont vol L: "El jucio del procés encara la recta final"

El juicio del procés afronta su recta final con la malversación como acusación clave​

[P]En un colegio de Sant Andreu de Palomar, el 1 de octubre de 2017, un cabo de la Guardia Civil tuvo que retroceder entre insultos mientras sus compañeros cargaban cajas de urnas. Un año y medio después, ese episodio llegó al Tribunal Supremo como prueba. La vista oral contra los líderes del desafío independentista —rebelión, sedición y malversación sobre la mesa— encaraba su tramo final con un giro que ni los escritos de acusación habían subrayado tanto: la malversación empezaba a cotizar como la parte más sólida del relato incriminatorio.[/P]

[P]La estructura del caso no era nueva. Lo nuevo era el tono. Los mismos abogados que en octubre de 2017 arengaban a la multitud desde las plazas aparecían ahora en la Sala Segunda del Supremo repitiendo la misma retahíla a cada agente que se sentaba en la silla de los testigos: si hubo cargas, si los vecinos cantaban «som gent de pau», si alguien podía confundir un cartel con un llamamiento republicano. El guion se rompía cada vez que el testigo no colaboraba. Explique, explique, insistía la defensa mientras el interrogado respondía con un monosílabo.[/P]

Los testigos de la defensa que no sostienen el relato​

[P]La lista de testigos aportados para reforzar la tesis del referéndum pacífico se fue convirtiendo, día a día, en munición para la Fiscalía. El propio tribunal calificó de «intrascendentes» los testimonios de los primeros llamados por las defensas, en palabras del juez que instruyó la causa original. Varios comparecientes reconocieron haber insultado a los agentes, ninguno acreditó las lesiones de las que decían haber salido del hospital, y uno de ellos no supo sostener la afirmación básica de la acusación —que la policía cargó sin mediar palabra— cuando se le pidió precisar el punto exacto del colegio.[/P]

[P]El resto fue por elevación. Un testigo admitió que las montañas de vecinos apostados en la puerta de los centros impedían físicamente el paso de las patrullas, al tiempo que insistía en la naturaleza pacífica del bloqueo. Otro, llamado por la defensa del president de Òmnium, se quedó en blanco al ser preguntado por los insultos que él mismo había profirado contra los agentes. Los propios abogados independentistas empezaron a incomodarse cuando el relato no encajaba con el video proyectado en la sala.[/P]

[P]Hubo incluso un elemento que la acusación pudo colocar sobre la mesa sin necesidad de testigos. La Guardia Civil aportó una grabación en la que una mossa d’esquadra increpaba a los agentes del Instituto Armado en lugar de auxiliarles, mientras en el vídeo se veía a los urbanos del Ayuntamiento colaborando con la comitiva judicial. La simetría no existía. Y no era una opinión: era la transcripción de lo grabado.[/P]

El coste del 1-O: la malversación entra en escena​

[P]La aritmética del referéndum suspendido fue el segundo gran foco. A medida que avanzaban las sesiones quedaba claro que la acusación por malversación no era un añadido retórico: era el armazón financiero de todo el caso. La Fiscalía sostenía que el Govern destinó caudales públicos a sufragar la consulta y que esa operación se fraguó con facturas de empresas como Unipost, con partidas opacas y con la connivencia de responsables de medios públicos. La juez llegó a procesar a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por su participación en los preparativos del 1-O, según recogió el material del caso.[/P]

[P]El capítulo de las facturas dio lugar a una de las paradojas más comentadas del juicio. Decenas de proveedores declararon que sus servicios se habían prestado sin cobro o con el pago diferido, lo que la acusación reconstruyó como una suerte de financiación encubierta. Renunciar al cobro, en términos contables, equivale contablemente a una donación, sector en el que la legislación de financiación de partidos impone límites estrictos. La ironía de que los proveedores pasaran de acreedores a presuntos partícipes del recorrido del dinero intoxicó varias sesiones.[/P]

[P]La defensa intentó desactivar el frente financiero con el argumento de que el Govern actuaba en el marco de sus competencias autonómicas y que las transferencias eran legítimas. Los abogados no consiguieron desmontarlo con prueba documental. Y este detalle —que la pieza donde la acusación respira más cómoda no es la rebelión sino la caja— explica por qué la discusión pública derivó hacia cuál será el delito que sobreviva al final.[/P]

Los observadores internacionales y la factura de los 8.000 euros​

[P]La jornada con más cruces dialécticos llegó con la comparecencia de los dos observadores internacionales que habían seguido el juicio con el patrocinio de la Generalitat. Un político alemán y una neozelandesa que declararon ante la sala a través de intérprete: la intervención de ella, además, había sido retribuida con unos 8.000 euros por encabezar un equipo que había elaborado un informe sin que quedara claro quién le había encargado el trabajo, según se subrayó durante la vista.[/P]

[P]La defensa intentó convertir a ambos testigos en notarios de la normalidad democrática del procés. La acusación, en cambio, explotó los pinchazos: que el alemán hubiera opinado sobre la actuación policial sin haber estado presente, que su relación con el movimiento independista fuera previa al juicio, que el informe no acreditara la metodología de las conclusiones. El resultado, según quedó recogido, fue que ni los testigos llamados a avalar la tesis principal de la defensa dieron el perfil que se esperaba de ellos.[/P]

[P]El detalle económico, en todo caso, trasladó la discusión a un terreno más incómodo: el de quién paga los avales internacionales de una causa política. Hay quien sostiene que ese tipo de informes se financian con dinero público de la comunidad autónoma; hay quien replica que también los Estados contratan asesores externos cuando les conviene. La polémica no se cerró, pero el detalle de la retribución entró en el relato del juicio y ya no salió de él.[/P]

El dictamen de la ONU y el eco en el New York Times​

[P]Mientras la Sala Segunda seguía recibiendo testigos, el pulso político se trasladó a los organismos internacionales. El president de la Generalitat presentó como aval de la causa un dictamen del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias que pedía la puesta en libertad de varios acusados. El texto tuvo amplia cobertura mediática y fue presentado como una desautorización del proceso. Y, de fondo, una crisis diplomática de manual: el Gobierno español desestimó sus conclusiones, la prensa internacional recogió el rechazo, y el debate pasó a girar en torno a si el panel actuaba «bajo el paraguas» de Naciones Unidas o «como» Naciones Unidas.[/P]

[P]El presidente del grupo que firmó el dictamen, un jurista con trayectoria polémica previa en México, se convirtió en el centro de la diana. La acusación de parcialidad circuló con intensidad y sin llegar a un terreno comprobable. La defensa, por su parte, insistió en la autoridad del dictamen frente a cualquier sentencia interna. Es un debate que sigue abierto y que probablemente no se cierre con la vista oral.[/P]

[P]El otro frente mediático fue el New York Times. Un reportaje del diario neoyorquino titulado en su versión original con la fórmula «Jailed Catalans» fue leído como una validación internacional del relato secesionista. La contra-lectura, apoyada en la firma del corresponsal y su historial de simpatía con el movimiento, fue igual de rápida. En el fondo, el pulso ya no se libraba solo en la sala: se libraba también en la traducción de cuatro palabras a la lengua de la prensa global.[/P]

Puigdemont, las europeas y el acta que no se recoge​

[P]El expresident, instalado en Bélgica desde finales de 2017, eligió el calendario electoral europeo como plataforma. Anunció candidatura a las europeas y convocó a votarle «a todos los que nos quieren silenciados, derrotados, empresonados y olvidados». La consigna circuló entre simpatizantes vascos y catalanes: el objetivo no era solo un escaño en Bruselas, era cobrarse una victoria simbólica contra la justicia española y contra lo que consideraba un cerco mediático.[/P]

[P]El problema, obvio, era el acta. Un eurodiputado que no puede pisar territorio español sin riesgo de detención tiene difícil recoger su credencial en Madrid. La hipótesis circulante era que pudiera hacerlo en la embajada alemana o incluso en un consulado, con todo el juego diplomático que eso implica. Nadie concretó el procedimiento. La paradoja quedó flotando: para validar la elección hay que ir a Madrid; para volver a Madrid hay que calcular el coste jurídico. El símbolo funcionó mejor que la logística.[/P]

El desgaste en las urnas: Barcelona y la base congelada​

[P]El relato secesionista no salía solo tocado del Supremo. Las elecciones municipales de mayo de 2019 dejaron a ERC y a Junts por debajo de la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Barcelona. La portavoz del Govern llegó a afirmar en público que «el independentismo ha ganado en Barcelona» cuando los resultados indicaban lo contrario: los concejales del bloque habían pasado de 18 a 15, sobre un total de 41. El momento fue ampliamente comentado como síntoma del divorcio creciente entre la retórica y los números.[/P]

[P]El dato del 50+1 se resistía. El umbral se mantuvo prácticamente congelado pese a las expectativas creadas, y el reconocimiento —casi susurrado— empezó a circular en la propia conversación independentista: que el movimiento había pinchado su crecimiento en el único terreno donde se cuenta de verdad, el del voto. La afirmación, formulada desde dentro del propio espacio, resultaba más demoledora que cualquier editorial.[/P]

Europa, los jueces alemanes y la coartada exterior​

[P]El argumento de la ilegitimidad del proceso español tenía su piedra angular en la justicia europea. Un tribunal alemán había rechazado la extradición del expresident por el delito de rebelión, un varapalo que la defensa explotó como prueba de que el caso no se sostenía fuera de España. La contraparte respondió que el rechazo afectaba al encaje técnico del delito, no a los hechos, y que España seguía siendo el único país competente para juzgarlos.[/P]

[P]El pulso diplomático tuvo eco en las instituciones. Una cincuentena de senadores franceses manifestaron su respaldo público a la causa secesionista, según recogió el material de la discusión. Y en Francia, como en el resto de la UE, el reconocimiento de la autodeterminación de una región no figura en el ordenamiento. La coartada exterior funcionaba en los titulares; pinchaba en los códigos legales.[/P]

[P]Ese fue, tal vez, el punto más cínico de todo el juicio: que una parte de la discusión pública ya no versaba sobre si los hechos ocurrieron, sino sobre cuál de los tres delitos iba a sobrevivir a la sentencia. La hipótesis más citada entre quienes seguían el caso con cierta disciplina era que la malversación sería la pieza que daría sustento a una eventual euroorden, porque la rebelión y la sedición podían toparse con resistencias judiciales en el norte de Europa. Nadie lo confirmó. Nadie lo descartó.[/P]

El residuo del proceso​

[P]El segundo gran frente que dejó el juicio no fue político, fue económico. La salida de empresas que abandonaron Cataluña tras la fuga del expresident fue un goteo sostenido que superó las 4.500 sociedades, según los datos que circulaban entonces. La lectura más amarga, suscrita incluso por algunos gestores vinculados al propio tejido productivo barcelonés, era que tres cuartas partes de esas compañías no iban a volver. Los cambios de sede fiscal no son reversibles por decreto.[/P]

[P]Con esa losa, el escenario post-sentencia se adivinaba complejo para la Generalitat: más propaganda internacional, menos margen fiscal para pagar la factura interna. Y con un movimiento independentista fragmentado entre dos partidos que ya no se hablaban, el relato de las calles empezaba a ser un activo caro de mantener. En palabras de un analista económico catalán, la estampida empresarial no tenía parangón reciente en el mundo occidental.[/P]

[P]El juicio seguía su curso. La vista oral, retransmitida en directo, seguiría ocupando semanas de la Sala Segunda. Los jueces deliberarían. Y en la conversación pública quedaría flotando la pregunta más incómoda de todo el proceso: si los testigos llamados a defender el relato del referéndum pacífico acabaron dando munición a la acusación, ¿qué queda del relato cuando se le retira el aplauso?[/P]