La ley de 'nueva normalidad' ya no permite ir sin mascara al aire libre pese a guardar 1,5 metros de distancia

Mascarilla obligatoria al aire libre aunque haya 1,5 metros de distancia​

El Congreso aprobó de forma definitiva la ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación frente a la COVID-19, la conocida como 'nueva normalidad'. La votación quedó así: 199 votos a favor, 91 en contra y 57 abstenciones. Y en el articulado, un cambio que obliga a reescribir lo que muchos creían saber sobre el aire libre: desaparece la exención que permitía ir sin mascarilla si se guardaba metro y medio de distancia.

La redacción anterior —la del RDL 20/21, de 9 de junio de 2020— era explícita. Obligaba a llevar mascarilla «siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros». Esa coletilla ya no está. El artículo 6 pasa a exigir la mascarilla en la vía pública y en espacios al aire libre, sin condición de distancia.

Del metro y medio obligatorio a la mascarilla sin matices​

Lo llamativo del cambio no es solo lo que ordena, sino lo que confirma. La exención del metro y medio llevaba meses vigente y, aun así, no formaba parte del relato mayoritario. Buena parte de la conversación pública daba por sentado que el aire libre exigía mascarilla sí o sí. No era así. Y el mejor indicador de que no lo era es este: si la excepción nunca hubiera existido, no habría nada que suprimir ahora.

La obligación arranca a partir de los seis años y se extiende, además de la calle, a los transportes aéreo, marítimo, por ferrocarril y a los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando los ocupantes no convivan en el mismo domicilio. El texto no se queda en el estado de alarma: la ley prevé que sus disposiciones sigan aplicándose cuando este caduque y se transite a la llamada nueva normalidad. Traducido: la mascarilla no tenía fecha de caducidad escrita.

Por qué se anulaban multas por mascarilla​

El argumento jurídico que más circulaba entre quienes recurrían las sanciones era el principio de jerarquía normativa. Las normas autonómicas que imponían la mascarilla sin matices chocaban con la estatal, que sí contemplaba la distancia. Las denuncias recurridas sobre esa base tendían a caer, y hay quien sostiene que muchas ni siquiera llegaban a tramitarse. Suprimir la excepción estatal cierra ese resquicio.

Ahí se abre la disputa. Una corriente lee el cambio como pura coherencia sanitaria: si el aire libre ya no basta para eximir, la norma se alinea con la práctica. La lectura opuesta —la que más se repite— atiende al bolsillo: sin la excepción del metro y medio, desaparece el principal argumento de defensa frente a las multas, y con ello una fuente de ingresos menguante. El cálculo fino de cuántas sanciones quedaban en el aire es justo el punto donde las posturas no se ponen de acuerdo.

Quién votó qué: la enmienda y las abstenciones​

La política del texto tampoco es inocua. El seguimiento del trámite deja dos datos sobre la mesa. El primero: la enmienda para suprimir del articulado la exención del metro y medio se atribuye al mismo grupo que después decidió abstenerse. El segundo: el único grupo que votó en contra fue el PP, según la lectura que se hizo de los 91 noes. Con 199 síes y 57 abstenciones, la ley salió adelante con holgura.

El reproche de fondo es otro. Que la obligación estatal viniera a ratificar lo que varias comunidades ya habían impuesto cada una por su cuenta se interpreta como una forma de no aflojar la cuerda por arriba: ningún territorio podría relajarla por su cuenta aunque quisiera. Para un país que vive del turismo, el argumento es incómodo.

El BOE que nadie encontraba​

Durante días, localizar el texto oficial fue un ejercicio de paciencia. Unos citaban un real decreto equivocado. Otros repetían titulares que mantenían la exención del metro y medio. Los más meticulosos encontraron la clave en el texto aprobado por el Senado: la distancia de seguridad, suprimida. Hasta que el BOE publicó la versión definitiva, circularon en paralelo dos relatos incompatibles.

Esa brecha dejó una sensación que se repite: inseguridad jurídica. Si dos lecturas del mismo cambio conviven durante semanas, la ciudadanía no sabe a qué atenerse ni a quién creer. Y ese desconcierto, más que la letra de la norma, es lo que condiciona cómo se aplica en la calle.

¿Se puede seguir sin mascarilla por dificultad respiratoria?​

La versión que se repite en el hilo es que la norma no exige mascarilla a quien tiene dificultad respiratoria con ella. Pero el matiz abre su propio laberinto. ¿Basta con alegarlo o hace falta un diagnóstico? ¿Vale un certificado médico? Según los testimonios que se cruzan, la respuesta depende del agente que te pare: algunos ni piden ver el documento, otros discuten hasta qué parte del certificado se puede tapar sin invalidarlo.

Ahí está el nudo real. Entre la exención médica y la falta de criterio uniforme, el margen de interpretación acaba pesando más que el propio texto. Con la ley en la mano, la pregunta que sigue sin respuesta no es técnica sino práctica: quién la aplica, cómo la aplica y con qué exenciones. Y en ese terreno, la norma se queda corta.