El agujero negro del asfalto: por qué las carreteras españolas son un coladero de fondos
Con una recaudación fiscal en máximos históricos y más de 100.000 millones de euros recibidos de la UE en la última década, el estado de las vías españolas es tercermundista. Cráteres, parches de aglomerado en frío, firmes que se desintegran. La pregunta es incómoda: ¿dónde va el dinero?
El mantenimiento no da votos (ni mordidas)
La respuesta la resume un análisis que circula entre economistas escépticos: el dinero no se gasta en lo que se dice. El mantenimiento es invisible, no genera foto de inauguración, ni titulares, ni comisiones. Lo que da rédito político son proyectos faraónicos con sobrecostes y los planes estrella de turno —transición ecológica, digitalización— que se han convertido en chiringuitos de subvenciones para amiguetes. El pastel se reparte entre gasto corriente intocable y megaproyectos opacos; lo que sobra para conservación, si sobra, se licita a dedo al mínimo coste.
El resultado es que las carreteras se degradan hasta convertir tramos en pistas de tierra. Las muertes en accidentes por firme en mal estado son daños colaterales de un sistema que prioriza el saqueo sobre la función pública.
La coartada climática y los fondos Next Generation
La jugada maestra: atribuir los cráteres al cambio climático. Así se matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, se justifican más transferencias de Bruselas (fondos verdes, de resiliencia, de adaptación). Por otro, se crean nuevas tasas y tributos locales, comisiones, observatorios y agencias. El dinero no baja al asfalto: se queda en consultoras que producen informes de 300 páginas, empresas de sensores IoT para monitorizar grietas, cursos de formación en movilidad sostenible. Todo un ecosistema subvencionado que vive de la alarma perpetua.
El siguiente paso es la «digitalización de la lucha contra la erosión climática en viales secundarios», una línea de subvención que suena a broma pero que ya se ha propuesto en algunas autonomías. La fórmula es siempre la misma: coger dos palabras de moda de Bruselas, unirlas con una preposición y pedir dinero.
Del caso Plus Ultra a los 10.000 chiringuitos
La diferencia entre el escándalo de las ayudas a empresas concretas (Air Comet, Marsans, Plus Ultra) y el saqueo actual es de escala. Aquellos eran millones con nombres y apellidos; ahora son decenas de miles de millones repartidos en consultoras, universidades, fundaciones y startups fantasma. No hay un Plus Ultra, hay diez mil.
La recriminación política en el Senado es puro teatro. Un ritual donde ambos bandos saben que están manchados hasta el cuello, pero necesitan mantener la farsa de la división ideológica para que el personal no se dé cuenta de que es el mismo perro con distinto collar. Lo grave no es que unos roben más que otros: es que el mecanismo ya está institucionalizado en el diseño mismo de las transferencias europeas.
Una herencia territorial insostenible
Hay quien señala que el problema es de origen. Una capital en el centro geográfico de una península, con el 90% de la población en la costa, obliga a una red radial sobredimensionada y cara de mantener. Australia, con la misma población costera, no cometió ese error. Pero esa es solo una capa más del problema.
El núcleo es la captura del Estado: el mantenimiento rutinario no interesa a nadie con poder de decisión. Los muertos son estadísticas. Los baches, una externalidad. Y mientras, la maquinaria de los fondos europeos sigue girando, engrasada con proyectos que suenan a futuro pero huelen a pasado.