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El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días a los ministerios de Justicia y Exteriores para que remitan los nombres de las 163.020 personas afectadas por la Ley de Nietos. Si no cumplen, el alto tribunal podrá imponer una multa o deducir testimonio para exigir responsabilidad penal.
El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días a los ministerios de Justicia y Exteriores para que remitan los nombres de las 163.020 personas afectadas por la Ley de Nietos. Si no cumplen, el alto tribunal podrá imponer una multa o deducir testimonio para exigir responsabilidad penal.
El Tribunal Supremo ha puesto fecha límite a dos ministerios. Justicia y Exteriores tienen cinco días para entregar los nombres de las 163.020 personas afectadas por la Ley de Nietos, la norma que regula el acceso a la nacionalidad española para descendientes de emigrantes. La cifra no es menor: hablamos de un volumen de expedientes que roza lo industrial y que lleva años atascado en los despachos.
El requerimiento no es una sugerencia. El Supremo advierte de que, si los nombres no llegan en plazo, podrá acordar una multa o deducir testimonio para exigir responsabilidad penal. Es decir, el asunto deja de ser una demora administrativa y entra en el terreno de la posible desobediencia a un órgano judicial. La pelota está en el tejado del Gobierno.
La Ley de Nietos, en vigor desde 2022, ha generado miles de solicitudes de descendientes de españoles, muchos de ellos en Argentina y Cuba. El cuello de botella en la tramitación ha sido una constante.
163.020 afectados es un número que da la medida del problema. Detrás de cada expediente hay una persona esperando una nacionalidad que condiciona su vida laboral, su movilidad y su acceso a derechos. El Supremo no entra en el fondo de la ley, sino en la obligación de las administraciones de facilitar información a los tribunales.
La posibilidad de deducir testimonio es el paso previo a que el ministerio público investigue si hay un delito de desobediencia. No es habitual que el Supremo llegue a este punto con dos ministerios a la vez. El plazo de cinco días es corto y el margen de maniobra, escaso.
Esto es un asunto judicial en curso; conviene seguir las resoluciones oficiales antes de sacar conclusiones sobre responsabilidades.
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El Gobierno busca lo que busca; yo me pregunto de verdad si son solo 163.000, porque esa cifra la ha dado el mismo Gobierno que intenta hacer el pucherazo por lo que se ha ido viendo. Cualquiera acogido a esa ley desde que se aprobó debería ser revisado, y esa cifra es bastante más alta...