*Tema mítico* : ¿Mas ir-?

La banca financió el 74% de la compra de Repsol por constructoras​

El 17 de octubre de 2006, un análisis anónimo puso el dedo en la llaga: BBVA y Santander estaban colocando en el mercado miles de millones en activos inmobiliarios. La letra pequeña era demoledora. Las dos mayores entidades del país acababan de reconocer, sin decirlo en voz alta, que la burbuja de la vivienda había dejado de inflarse. Vendían el problema antes de que alguien le pusiera precio.

Después, la discusión salió de los pisitos y se metió en el balance. La tesis que se fue imponiendo: el ladrillo no se desinfló, se mudó de sitio. Constructoras endeudadas compraron participaciones energéticas con préstamos bancarios garantizados por las propias acciones adquiridas. El dinero seguía estando en viviendas sobrevaloradas. Solo cambiaba la etiqueta con la que figuraba en los libros. Y con una cifra delante: el 75% de la operación la puso la banca. En el caso concreto de Repsol, Santander financió el 74%.

El LBO: comprar energía con dinero que no era propio​

Aquel movimiento tenía nombre técnico: compra apalancada. Las grandes constructoras del país se lanzaron a por el sector energético con préstamos. La adquisición se financiaba emitiendo deuda y dejando que la sociedad comprada respondiera con su propia capacidad de endeudamiento. Traducido: el avalista de la compra era lo comprado.

Un 85% de las acciones de Repsol y el 100% de Europistas servían de colateral. Como si un particular pidiera una hipoteca y pusiera como garantía la casa que todavía no ha terminado de pagar. Quien tenía la sartén por el mango no era el comprador. Eran los bancos.

De ahí nacía la sospecha que recorrió toda la legislatura: que las constructoras no compraban energía por convencimiento estratégico, sino porque alguien les había puesto una caña en la mano. Una parte sostenía que el sistema financiero había absorbido el dividendo energético por la puerta de atrás. Otra, más terrenal, respondía que si querían comprar empresas, podían haberlo hecho tres años antes a mitad de precio. Se metieron de cabeza en 2007, cuando ya todo estaba caro.

El aval del préstamo eran las propias acciones compradas. Si el activo caía, el colateral caía, y el acreedor se quedaba con el ladrillo de vuelta. Un banco no presta mil millones para perderlos: los presta para quedarse con algo si el deudor no paga.

¿Por qué nadie llamaba crisis a la crisis?​

Aquí entraba un concepto que se repetía sin parar: la oficialización. Mientras no hubiera reconocimiento oficial, no había problema oficial. En bolsa, el precio caído se ve en tiempo real. En vivienda no: sin confesión del afectado no hay diagnóstico. Esa asimetría permitía a la clase política y a los supervisores hablar de desaceleración cuando los datos ya hablaban de otra cosa.

La crítica apuntaba al doble papel del Banco de España. El mismo organismo que debía vigilar a la banca aparecía a la vez como regulador y como parte interesada en que el ajuste se hiciera despacio. Se hablaba de dos fases: primero negar, después admitir a cuentagotas y siempre en viernes.

El problema, según esta lectura, era que el relato oficial no cuadraba con la aritmética. El PIB crecía un 0,4% intertrimestral —un 1,6% anualizado si se estiraba la cifra— con recesión, paro y un stock de vivienda brutal. Y aun así se mantenía que los precios no iban a corregirse con violencia. Cuando alguien sostiene que un mercado no puede caer con la fuerza con que ha subido, está describiendo un deseo, no un análisis.

Las Socimi: el aparcamiento de los pisos que nadie quería​

Si la banca no podía vender los pisos, necesitaba un lugar donde guardarlos sin que se notara. Las sociedades de inversión inmobiliaria aparecían en este análisis como ese aparcamiento. Vehículos que valoraban sus inmuebles una vez cada tres años. Tiempo de sobra para no reconocer la caída y seguir manteniendo el tipo de tasación heredado de los años de euforia.

El mecanismo era circular: el banco refinanciaba al promotor insolvente para no reconocer la minusvalía; se quedaba con el colateral a precio de ficción; y preparaba estructuras para enterrar el stock fuera del balance. La crisis no se resolvía. Se aplazaba, que no es lo mismo pero se le parece mucho en el corto plazo.

El espejo japonés era el más citado: tras el estallido de 1990, el gobierno sostuvo a los bancos con liquidez y permitió que siguieran valorando activos incobrables a precios ficticios. La morosidad diferida se puede esconder una década. Pero solo hasta que alguien decide mirarla de frente.

La 'capitulación' y la fecha que se puso en el calendario​

Todo esto desembocaba en una palabra que funcionaba como un mantra: capitulación. El momento en que los precios se pondrían en su sitio de verdad. La fecha que se manejaba era el 31 de diciembre de 2010, una frontera más simbólica que pronóstico, aunque la mayoría la repetía como si estuviera impresa.

Unos sostenían que la capitulación era inevitable y que, una vez producida, el país avanzaría hacia algo mejor. Otros replicaban que el ajuste se estaba pagando ya con empleo y sueldos, no con balances, y que los dueños del colateral tenían todo el interés del mundo en aguantar el pastel. Cuanto más durara el chiringuito, más aseguraban su patrimonio.

El cálculo del BBVA iba por ahí. La entidad valoró los inmuebles que garantizaban los préstamos dudosos a promotores con un descuento del 65%, es decir, los tasaba al 35% de su valor original. La morosidad de esos créditos alcanzaba el 17%. El Santander, en cambio, presentó sus provisiones como voluntarias, algo que él mismo se concedía. Dos formas de decir lo mismo con distinta vergüenza.

Los dos millones de hogares que iban a pagar la fiesta​

Sobre quién pagaba, la cuenta era elocuente. De los 16 millones de hogares, sostenía una estimación que circuló entonces, la crisis solo golpearía de verdad a dos millones. A un millón lo daba por muy expuesto el propio Banco de España. El problema no era solo el volumen de deuda: era su concentración. Hipotecas grandes firmadas por gente joven con salarios que no iban a subir.

Añádase el suelo de la protección social. Prestación por desempleo limitada en cuantía y duración; cuando se acaba, se acaba. Y la reforma laboral, el abaratamiento del despido, el coqueteo con despresupuestar el sistema de pensiones. De ahí nacía el MFBH-P, el acrónimo con el que se bautizó la idea de inyectar los fondos de reserva de la Seguridad Social en el mercado de valores.

El Fondo de Reserva, la conocida hucha, ascendía a 62.000 millones de euros, casi toda colocada en deuda pública. La discusión era si acabaría convertida en compras de activos para sostener cotizaciones o en una pieza más del tablero. El debate no era académico: afectaba a la hucha de los que aún no se habían jubilado.

El dinero barato como anestesia​

Cuando la Reserva Federal bajó los tipos hasta el 2%, en España se leyó como un alivio. Dinero barato otra vez. Si los tipos vuelven a suelo, el ajuste se aplaza, los deudores respiran y los precios aguantan un poco más. Pero el dinero barato no corrige la sobrevaloración: solo le compra tiempo al que ya debía. Y el tiempo, en una burbuja, se paga a interés compuesto.

En paralelo circulaba una recomendación incómoda: quien pudiera, que pasara dos o tres años fuera del país. No era una profecía apocalíptica, decían, sino una simple cuestión de defensa: en una recesión con paro y deflación de salarios, estar en el extranjero te ahorra los golpes. Otros respondían que eso era rendirse y que la salida no era emigrar, sino producir y exportar.

Una curiosidad que nadie esperaba​

En medio de la bronca, un detalle rescatado de la wikipedia ponía el contrapunto. Caja Madrid, la caja de ahorros más antigua de España, se había fundado el 3 de diciembre de 1702 como Monte de Piedad por Francisco Piquer, un sacerdote aragonés. Tres siglos financiando el crédito popular y el rescate del empeño, y en 2010 se discutía públicamente si había que rescatarla a ella.

En ese mismo tramo aparecía la intervención de CCM, con un informe previo de JP Morgan señalándola como candidata, y el eco de operaciones anteriores en las que los analistas veían menos una lucha por el accionista y más un reordenamiento de las cajas de ahorro. La caja socialista, la caja del informe independiente, la caja que se desmembraba. Cada expresión tenía su padrino.

El ajuste que se pagó con sueldos​

A medida que avanzaba el calendario, el foco se fue mudando del pinchazo inmobiliario a la factura social. El pacto de moderación salarial se leyó como lo que era: una capitulación silenciosa de los ingresos del trabajo. La promesa de flexibilizar los planes de pensiones privados, para que se pudieran cobrar sin abandonar el empleo, apuntaba en la misma dirección. Adiós al reparto entre generaciones; bienvenido el sálvese quien pueda.

El resumen, según las voces más escépticas, era sencillo: en un país con deuda alta y ahorro ridículo, el ajuste siempre aterriza sobre el mismo sitio. El que tiene un piso pagado y una nómina estable apenas lo nota. El que firmó una hipoteca a 40 años con el sueldo justo lo nota todo.

---

Cuando una burbuja se desinfla en el balance de otro, la factura tarda en llegar, pero llega con intereses. Con los datos sobre la mesa, la pregunta incómoda no es cuándo cayó el precio del metro cuadrado, sino quién pagó primero: el hogar que firmó la hipoteca, el banco que financió la compra de energía con el aval del propio activo comprado, o el ahorrador que un día descubre que su jubilación estaba invertida en sostener el tinglado.