La DANA de Valencia deja un cadáver político: Mazón, pero no solo él
Un año después de la DANA que dejó 230 muertos en la Comunidad Valenciana, el foco público sigue clavado en Carlos Mazón. Sin embargo, el reparto de responsabilidades que emerge de los datos es incómodo para todos: la gestión fue un desastre, pero atribuirle toda la culpa al presidente autonómico parece más operación política que análisis forense.
¿Un cabeza de turco llamado Mazón?
Hay una corriente de análisis que sostiene que Mazón es el chivo expiatorio perfecto. Los medios lo presentan como único culpable, pero la cadena de mando en una catástrofe de esta magnitud es mucho más difusa. El Estado autonómico y el central se solapan: las competencias sobre cuencas hidrográficas, protección civil y emergencias están repartidas entre administraciones, y cuando llega la tormenta nadie quiere asumir la decisión.
En esa lectura, Pedro Sánchez también tuvo un papel pasivo. Las críticas al Gobierno central por la lentitud de la ayuda y por la falta de coordinación son constantes. La pregunta incómoda es: si el Estado hubiera estado a la altura, ¿habría cambiado algo?
La tarde en que las alertas no cuadraban
El caso más concreto contra Mazón se centra en su agenda del 29 de octubre. Se le acusa de no estar al mando desde el mediodía, de ignorar llamadas y de no decretar la alerta a tiempo. Pero los datos meteorológicos tambalean el relato más simple: la AEMET manejaba una previsión de 150 a 180 mm en 12-24 horas, y cayeron 700. Con semejante margen de error, ¿qué margen real de decisión tenía un presidente autonómico?
Eso no exculpa a Mazón, pero sí obliga a afinar el juicio. Hay negligencia, sí; no hay una película de ciencia ficción.
El problema estructural: un Estado que no coordina
Más allá del nombre propio, el debate se engancha con el modelo territorial. Las autonomías reclaman competencias en emergencias, pero luego no las gestionan. Los ayuntamientos tienen obligaciones de limpieza de cauces que no siempre cumplen. Y el Gobierno central se lava las manos cuando no le conviene.
La comparación con Castilla-La Mancha y Andalucía, donde también hubo muertos por la DANA, refuerza la tesis de que el problema no es solo valenciano ni solo personal. Es sistémico. Mientras tanto, la factura política la paga uno solo: algo huele a designación previa.
¿Y si la verdadera lección es que el régimen autonómico necesita una revisión a fondo? La pregunta queda en el aire.