No se les podía devolver a casa porque venían sin papeles, y de pronto los han encontrado todos.

Regularización y papeles súbitos: la letra pequeña del coladero​

La regularización extraordinaria de migrantes en España ha dejado una estampa difícil de olvidar: colas interminables de personas que decían no tener documentos y que, de repente, los han encontrado. El argumento de que “no se les podía devolver porque no tenían papeles” se ha resquebrajado. La pregunta ahora es si estamos ante una amnistía encubierta, un operativo de control o una simple operación electoral.

El misterio de los papeles rescatados​

La contradicción es evidente. Durante años, la imposibilidad de expulsar a migrantes irregulares se justificó con la falta de documentación. Sin embargo, cuando el Gobierno abre un proceso de regularización, los papeles aparecen como por arte de magia. La anécdota de la familia que pagó 14.000 euros a una mafia para que su hijo llegara a Europa ilustra hasta dónde llega el negocio de la migración. El joven, con cuatro hermanas, era la única esperanza económica de una familia que dejó los ahorros de toda una vida en manos de traficantes.

La escena de las oficinas saturadas y las colas de madrugada ha alimentado dos lecturas opuestas. Una sostiene que el objetivo real es inscribir a esa población en el registro administrativo, tomar sus huellas y controlarla digitalmente. La otra ve en la regularización una fábrica de votantes y de mano de obra barata para las empresas. Ambas parten de un mismo dato incómodo: la tasa de ejecución de expulsiones es mínima.

Las cifras que nadie quiere mirar​

Los números disponibles son demoledores. En el último año se registraron más de 50.000 órdenes de expulsión, la mayoría por delitos, pero solo se ejecutaron 3.398, casi todas por motivos de seguridad nacional. Las devoluciones en frontera ni siquiera se contabilizan: en la práctica, no se devuelve a casi nadie. La Ley Orgánica 4/2000 establece la expulsión para extranjeros en situación irregular, con prohibición de entrada de hasta cinco años, pero su aplicación brilla por su ausencia.

En otros países la cosa funciona distinto. En Australia, superar la estancia del visado turístico supone busca y captura, deportación y lista negra de por vida. En España, los migrantes en situación irregular hacen cola para obtener un permiso de un año, con la expectativa de renovación. El efecto llamada está servido, y el precedente de la regularización se percibe como un imán para futuras oleadas.

La ley de nietos y el voto que viene​

El debate no se queda en las colas. La llamada 'ley de nietos' ha abierto otra vía de entrada a la nacionalidad, con más de 2,5 millones de solicitudes de extranjeros que podrían obtener el pasaporte español. El impacto electoral sería enorme: esos nuevos votantes podrían decantar elecciones. La estimación de 400.000 votos añade presión a un sistema político que ya mira hacia las próximas citas electorales.

Quienes defienden la regularización argumentan que es la única vía para sacar de la irregularidad a personas que ya trabajan y cotizan. Quienes la atacan sostienen que la medida no resuelve el problema de fondo: la falta de control de fronteras y la incapacidad del Estado para hacer cumplir sus propias leyes. La policía sabe quién está en situación irregular y no actúa, lo que para muchos es la prueba de una dejación de funciones que roza el estado fallido.

¿Hacia un sistema de castas?​

La hipótesis más inquietante que circula en el análisis económico apunta a que la regularización no es un acto de generosidad, sino una pieza más de un sistema de control social. Tener a la población identificada y geolocalizada permitiría aplicar en el futuro políticas de castas, con estatus diferenciados para migrantes, nacionales de segunda y élites. El miedo a la sustitución étnica, aunque sea un bulo, ha calado en un sector de la opinión pública y condiciona el debate.

El cierre de la historia queda abierto. La regularización ha conseguido lo que parecía imposible: que todos encuentren sus papeles. El siguiente capítulo sería comprobar si esos permisos se renuevan, si los nuevos nacionales votan y si el Estado recupera la capacidad de expulsar a quien incumple la ley. Por ahora, el truco no ha sido la desaparición de la documentación, sino la desaparición de la voluntad administrativa de usar la que ya existía.

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