+PRV Nuestros "niños" exigen la paga de fin de ramadám.

Melilla cede y paga la 'extra' exigida con un motín en un centro de menores​

Un motín. Treinta menores agrediendo a quienes les cuidan. Varios trabajadores heridos y la Guardia Civil teniendo que entrar a poner orden. Y, al día siguiente, la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de Melilla entregando a todos los internos del centro el dinero que habían reclamado a la fuerza. Ese es el relato que los sindicatos CC.OO. y CSIF pusieron por escrito en sendas notas de prensa, y es el punto de partida de todo lo que vino después: la paga de fin de Ramadán, la ropa ya regalada que no bastó, y una decisión administrativa que, según CSIF, se tomó en contra del criterio de la dirección, del equipo técnico, del equipo educativo y de los auxiliares.

La escena ocurrió un viernes por la tarde en el centro de protección de menores de Melilla. Una treintena de internos, según la denuncia sindical, agredieron a sus trabajadores para exigirles dinero como regalo por la Pascua de final de Ramadán. Varios cuidadores y vigilantes acabaron heridos, algunos con necesidad de atención médica en urgencias. La Guardia Civil intervino para desactivar el altercado. Al día siguiente, la Consejería repartió el dinero.

Qué se sabe del motín en el centro de menores de Melilla​

Los hechos que sostienen la denuncia son estos: una treintena de menores, un viernes por la tarde, agresiones a cuidadores y vigilantes, heridos con traslado a urgencias y una intervención de la Guardia Civil para terminar con el altercado. Los sindicatos firmantes son CC.OO. y CSIF, que publicaron notas de prensa separadas con el mismo contenido esencial. El centro afectado es el de protección de menores de Melilla.

La parte que ha encendido el asunto no es la violencia —tristemente, recurrente en la crónica de estos centros— sino lo que vino después. CSIF lamentó que la Consejería entregara el dinero reclamado en el motín pese al criterio contrario de la dirección, del equipo técnico, del equipo educativo, de los auxiliares educativos y de todo el equipo en general. Es decir: la cadena de mando técnica dijo no, y la decisión política dijo sí.

El detalle administrativo que circula junto a la denuncia apunta a la titular de Políticas Sociales, Randa Mohamed, del PP. Melilla es una ciudad donde gobierna el Partido Popular, un dato que varios análisis usan para desmontar el relato de que estos episodios son patrimonio exclusivo de una orientación política concreta. La gestión de los centros de menores no es un asunto de izquierdas o de derechas: es un asunto de quién firma la orden.

Por qué se entrega una paga por el fin del Ramadán​

La paga de fin de Ramadán no es una figura inventada por los internos. Existe como práctica en algunos centros, vinculada a la celebración de la Pascua que cierra el mes de ayuno. Lo que denuncian los sindicatos es la secuencia: primero se regaló ropa, los menores no se conformaron, vino el motín y después llegó el dinero. El mensaje que queda flotando es incómodo: la vía violenta funcionó mejor que la vía administrativa.

Hay quien sostiene que ceder ante un motín instala un precedente y que la próxima vez la presión empezará más arriba. Otros análisis, menos extendidos, recuerdan que un centro de menores es una institución con población especialmente vulnerable y que la gestión de conflictos ahí nunca es binaria. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Lo que no admite discusión es el parte de heridos.

El episodio se enmarca en una discusión más amplia sobre el sistema de protección de menores y sobre cómo se financia. La comparación que circula es incómoda: si la paga se concede tras un altercado, ¿qué incentivo queda para pedirla por escrito?

El precedente de Salt y el efecto imitación​

La lectura más repetida es la del efecto contagio. Si se cede ante las presiones, otros tomarán nota de lo que tienen que hacer cada vez que quieran una paga, sostiene una de las corrientes de análisis más presentes. El paralelismo que se traza es con episodios anteriores de presión en la calle y con la idea de que la administración acaba pagando un tributo para evitar el conflicto abierto.

La comparación histórica que se usa es la de Roma pagando a los bárbaros para que no entraran a hierro y fuego. Suena grandilocuente, pero el mecanismo que describe es simple: cuando la amenaza funciona, se repite. Y no terminó bien para Roma.

En el lado opuesto, hay quien señala que el problema no es la paga sino la ausencia de consecuencias. Entran ilegalmente y en lugar de devolverlos a sus países de origen se les da alojamiento y paguitas, resume una de las posturas más votadas, que pone el foco en la política migratoria y no en el centro. Es la línea que cruza el asunto con el debate de fronteras: si no hay retorno, no hay límite.

Quién responde políticamente por la decisión​

La Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de Melilla tomó la decisión de entregar el dinero. Los sindicatos lo hicieron público. La dirección del centro y todo el equipo técnico y educativo habían opinado lo contrario. Esa es la cadena completa, y cada eslabón tiene nombre y apellidos institucionales.

El asunto tiene una derivada que trasciende Melilla: la gestión de los centros de protección de menores está transferida a las comunidades y ciudades autónomas, lo que significa que cada administración fija su propio criterio ante conflictos idénticos. No hay un protocolo único. Lo que en un centro se resuelve con un parte disciplinario, en otro se resuelve con un sobre.

La discusión sobre el papel de los sindicatos también aparece. Hay quien les reprocha que denuncien el motín y a la vez mantengan posiciones favorables a la acogida, y quien responde que denunciar las condiciones laborales de los cuidadores es exactamente su trabajo, independientemente de la política migratoria.

Qué pasa ahora con los menores del centro​

A fecha de esta discusión, el dinero ya se ha entregado y los heridos ya han sido atendidos. No consta en el material ningún expediente disciplinario, ninguna dimisión ni ninguna rectificación posterior. La denuncia sindical está sobre la mesa y la decisión administrativa, ejecutada.

Lo previsible, con reservas, es que el episodio se convierta en referencia cada vez que otro centro registre un conflicto similar. La pregunta que queda abierta no es si hubo motín —eso lo dicen dos sindicatos con notas de prensa— sino si la próxima vez la Consejería repetirá el gesto o sostendrá a su equipo técnico. Con este precedente escrito, apostar por lo segundo exige mucha más voluntad política que la que hizo falta para firmar el primer pago.