Pedro Sánchez culpa a los "recortes" de Rajoy del accidente mortal de Urda

Pedro Sánchez ha atribuido el accidente ferroviario de Urda, con casi 70 víctimas mortales, a los recortes en inversión en infraestructuras aprobados tras la crisis de 2010, y ha sostenido que la «ola ultraderechista» se está desmoronando. La relación entre esos recortes y el siniestro es una afirmación política del presidente, no un hecho establecido.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha vinculado el accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, con los recortes en inversión en infraestructuras que, según su tesis, aplicó el Ejecutivo de Mariano Rajoy como respuesta a la crisis financiera de 2010. Lo hizo en un acto de precampaña en Tarragona, donde situó ese siniestro, ocurrido dos semanas antes y con casi 70 personas fallecidas, en el centro de su argumentario económico.

La afirmación tiene una consecuencia inmediata: convierte un suceso con decenas de muertos en un argumento de campaña. Y conviene separar dos cosas. Una, lo que Sánchez dijo. Otra, lo que está acreditado sobre las causas del accidente. Sobre lo segundo, atribuir el siniestro a una decisión presupuestaria de hace quince años es una hipótesis política, no una conclusión técnica.

Qué dijo Sánchez y dónde lo dijo

Sánchez presentó los recortes como el origen de la falta de financiación de infraestructuras y, por tanto, del impacto de dos trenes en Urda. «Si hay una lección que extraer del último accidente ferroviario es que hemos tardado 15 años en revertir los recortes en inversión en infraestructuras ferroviarias después de la respuesta equivocada neoliberal a la crisis financiera de 2010», afirmó. Añadió que por eso hace falta un gobierno que refuerce los servicios públicos en lugar de recortarlos.

El marco temporal que él mismo fija es relevante: habla de 15 años para revertir esos recortes, lo que sitúa el punto de partida en torno a 2010 y la reversión en el momento presente. Es decir, el presidente no describe una decisión aislada de un gobierno anterior, sino una secuencia de inversión pública que, según su lectura, se habría prolongado durante más de una década.

También contrastó su actitud con la de sus adversarios ante las tragedias. «Tragedias hay muchas, gobierne quien gobierne, la clave es cómo se responde a esas crisis», sostuvo, antes de reivindicar que su partido siempre ha dado la cara frente a quienes, a su juicio, dieron la espalda a las víctimas. En ese punto conviene un apunte de sobriedad: las víctimas de Urda y sus familias no son un instrumento de confrontación partidista, y cualquier debate sobre responsabilidades debería partir de los informes técnicos.

La ola ultraderechista y el 29-N

Buena parte del mitin giró alrededor de la tesis de que la marea de la ultraderecha empieza a bajar. Sánchez citó el triunfo de Lula da Silva en Brasil y el resultado del Partido Demócrata en las legislativas de Estados Unidos para sostener que esa ola «se está desmoronando». De ahí saltó a la cita electoral española del 29 de noviembre, que él mismo fijó como el momento en que ese desmoronamiento llegará también a España.

«Lo siento por Feijóo y Abascal, que se querían subir a la ola de la ultraderecha», ironizó, antes de añadir que España se gobierna desde Madrid y no desde Washington, Tel Aviv o Buenos Aires. La frase condensa el eje de su discurso: presentar los comicios como una elección entre dos modelos y situar a sus rivales como sucursales de una internacional ultraderechista. Es una interpretación política, no un dato electoral.

En el capítulo de promesas, Sánchez se comprometió a blindar el derecho al aborto a nivel constitucional y a subir el salario mínimo «todos los años que gobierne la izquierda». Son anuncios de programa, sin cifra ni calendario concretos en su intervención, y por tanto no verificables como hechos consumados.

Los acompañantes y el tono de la campaña

El acto contó con la presencia de la exvicepresidenta y actual número dos de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Antes que Sánchez intervino el ministro de Industria, Jordi Hereu, que habló casi íntegramente en catalán y reivindicó la «valentía» del presidente frente a «los señores de la guerra». Hereu también apeló al miedo a la derecha en Cataluña con un mensaje sobre la lengua y la cultura.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cargó contra el PP por su relación con Vox y afirmó que la población no ve «imparciales a los jueces». Sostuvo además que el Partido Popular «compra testigos» para perjudicar al presidente. Son acusaciones de alto voltaje lanzadas sin aportar pruebas en el escenario, y como tales deben leerse: afirmaciones de un dirigente político en campaña, no hechos acreditados.

El conjunto dibuja una campaña que mezcla economía, infraestructuras y relato institucional. La conexión entre los recortes de hace tres lustros y un accidente concreto es la pieza más delicada del discurso, porque afecta a víctimas reales. La política económica admite debates sobre el stock de capital público y su mantenimiento; la atribución de un siniestro a una decisión presupuestaria exige algo más que una frase de mitin.

Lo que se puede afirmar y lo que no

Hay un hecho verificable: Sánchez pronunció esas palabras en Tarragona y vinculó explícitamente los recortes de la etapa de Rajoy con el accidente de Urda. Hay otro hecho verificable: el siniestro se cobró casi 70 vidas y ocurrió dos semanas antes de ese acto. Y hay un tercero: el presidente no acudió al funeral de Estado por las víctimas, igual que no había acudido al de Adamuz.

Lo que no está establecido es que los recortes de inversión sean la causa del accidente. Esa relación la sostiene el presidente, no un informe técnico citado en su intervención. Cualquier lectura rigurosa debería esperar a las conclusiones oficiales antes de dar por buena una cadena causal de quince años.

En materia de infraestructuras y seguridad ferroviaria, conviene además recordar que las decisiones de inversión pasan por presupuestos anuales, contratos y planes plurianuales, y que su efecto sobre la seguridad no es automático ni inmediato. La política económica tiene responsabilidad sobre el mantenimiento del capital público; la determinación de culpas en un siniestro corresponde a la investigación. Mezclar ambas cosas sin pruebas es legítimo como discurso, pero no como diagnóstico. Y con víctimas de por medio, la cautela no es un adorno.