Ser español según Vox: la nacionalidad como campo de batalla
El año 2024 cerró con un récord de concesiones de nacionalidad española, y la pregunta de qué es ser español ha vuelto a las portadas. En el centro del huracán, Vox, acusado por unos de reducir la españolidad al DNI y por otros de no tener una definición propia. La conversación, como casi siempre en estos casos, se mueve entre el BOE y la sangre.
El DNI como única frontera
Una corriente de análisis sostiene que Vox ha asumido el criterio legalista sin matices: español es quien tiene la nacionalidad, aunque no hable el idioma ni haya pisado el país. De ahí la acusación de que el partido es “pro sistema”: al aceptar el marco constitucional, renuncia a distinguir entre españoles de origen y naturalizados. La crítica se vuelve en su contra: si el DNI basta, entonces cualquiera puede ser español, y el discurso identitario queda en papel mojado. Se menciona, incluso, la cifra de 10 millones de nacionalizados como una hipótesis extrema que alimenta ese miedo.
Españoles de origen, naturalizados y la sombra de la revocación
En el lado opuesto, la distinción entre “español de origen” y “español por naturalización” se vuelve central. Los derechos del segundo, se argumenta, no serían iguales: la nacionalidad obtenida por residencia podría anularse en caso de fraude, y algunos van más allá, proponiendo hacerlo “en cascada” para afectar también a los descendientes. Es la tesis de la desnaturalización, que choca con la seguridad jurídica y con el derecho de la Unión Europea. Pero ahí queda, como una bandera para el malestar: si la mayoría de concesiones se han logrado irregularmente, se dice, basta un cambio legal para revertirlas.
La sombra del hispanismo cultural
En medio, la tesis cultural: España no es una raza, sino una cultura acumulada durante siglos, desde fenicios y romanos hasta la epopeya americana. Bajo esta lectura, el inmigrante hispano se asimila con facilidad, y la verdadera frontera no es el origen sino la lengua y las tradiciones. Una postura que contradice a los que reclaman pureza de sangre - abolidos los estatutos de limpieza en 1835, curiosamente - y también a los que se fían solo del DNI. El debate queda atascado, como siempre, en quién tiene autoridad para decidir los requisitos de pertenencia.
Al final, la pregunta no es jurídica, es política. Y ahí Vox camina sobre el alambre: si aprieta la identidad, se le acusa de xenofobia; si la afloja, pierde su razón de ser. El debate sigue abierto, y no parece que vaya a cerrarse con una reforma del Código Civil.