NOTICIA: Reportan ate están llegando de forma cada vez más masiva ancianos suramericanos, con un billete de ida para tratarse en España hasta su gloria

Ancianos suramericanos: el nuevo turismo sanitario que colapsa la sanidad pública​

En las salas de espera de los hospitales públicos españoles ya no es raro ver a personas mayores de origen suramericano, con evidentes patologías crónicas, que han llegado con un billete de ida para tratarse. El fenómeno, lejos de ser anecdótico, se ha convertido en una corriente migratoria silenciosa: familiares que traen a sus padres desde países con sistemas sanitarios deficientes para que sean atendidos gratuitamente en España. Un usuario del sistema cuenta: "Tres de cada veinte pacientes que atiendo son extranjeros mayores, y les digo cuánto cuesta el tratamiento y que lo paga el remero". La pregunta que sobrevuela es si el sistema puede aguantar este flujo sin desmoronarse.

La ley que lo permite: la reforma de 2018​

La clave legal está en el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, que modificó la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS. Un mes después de la llegada de Sánchez al Gobierno, se eliminó la exigencia de residencia legal para acceder a la sanidad pública. El artículo 3 ter reconoce el derecho a la protección de la salud a "las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes" en las mismas condiciones que los españoles. Esto significa que cualquier inmigrante irregular, o incluso un turista que sobrepase su estancia, tiene derecho a atención sanitaria gratuita, incluidos tratamientos de larga duración. Los críticos señalan que se trata de una política migratoria encubierta bajo el paraguas de la Agenda 2030 (ODS 10.7: facilitar la migración ordenada).

Costes y listas de espera: el precio de la solidaridad sin límites​

El impacto se nota en las listas de espera. Un testimonio recurrente: "Mi familiar, con 47 años cotizados, lleva cuatro años esperando plaza en una residencia pública con grado máximo de incapacidad, mientras un extranjero que acaba de llegar pasa delante". Los costes de los tratamientos son cuantiosos: quimioterapia, diálisis, cirugías de cadera... Un sanitario comenta que una sesión de diálisis cuesta unos 400 euros, y muchos pacientes requieren varias por semana. Se estima que el gasto sanitario por inmigrante mayor puede superar los 30.000 euros anuales. El debate se encona cuando se compara con la situación de los españoles en el exterior: una hija de residente en el extranjero se queja de que le negaron la tarjeta sanitaria por no haber estado empadronada previamente, mientras "un nigeriano ilegal tiene acceso gratuito a todo".

Propuestas de solución: reciprocidad o restricción​

Las posturas se dividen entre quienes defienden la universalidad como un valor irrenunciable y quienes exigen reciprocidad: "Si el país de origen del paciente no ofrece la misma atención gratuita a un español, que pague". Se menciona la posibilidad de exigir un seguro privado a los extranjeros que vengan expresamente a tratarse, como hacen otros países desarrollados. Sin embargo, la realidad política parece alejarse de cualquier restricción: el PP, que en su día derogó la Ley de Memoria Histórica, no ha mostrado intención de modificar esta ley, y en Galicia incluso tiene un programa "Retorna" que incentiva el regreso de emigrantes con ayudas. La conclusión no es halagüeña: el sistema sanitario público, diseñado para una población que envejece, se enfrenta a una presión adicional que amenaza con hacerlo insostenible. Como dice un comentario: "Nos dejarán tirados como a perros después de pagar tratamientos y dar pagas al primero que pasa".

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