¿Tienes alguna remota duda de que el PSOE va a amañar las elecciones generales?

Regularización de 2,5 millones: ¿amaño electoral o bulo?​

La acusación es tan grave como directa: el Gobierno estaría preparando una regularización masiva de inmigrantes para hinchar el censo y ganar las próximas elecciones generales. La cifra que circula —2,5 millones de personas— no aparece en ningún boletín oficial, pero ha prendido en el debate público como la mecha de una sospecha que ya no se apaga.

El mecanismo legal tras la sospecha​

Conviene separar ruido de derecho. Una regularización extraordinaria concede, si se cumplen los requisitos, una autorización de residencia. No otorga la nacionalidad española. Y sin nacionalidad no hay voto en generales: un extranjero extracomunitario con residencia legal no puede votar. La nacionalidad por residencia exige diez años de residencia legal continuada —con reducciones a dos años para iberoamericanos, andorranos, filipinos, ecuatoguineanos, portugueses y sefardíes— pero siempre requiere solicitud, expediente y concesión individual. No nace de la regularización.

El sistema electoral: blindaje o parche​

El recuento inicial lo hacen mesas formadas por ciudadanos sorteados, en público y con interventores de todos los partidos. Las actas se entregan a las juntas electorales y los partidos conservan copias para contrastar el resultado provisional. Alterar masivamente el recuento desde un único ordenador sin generar discrepancias es, cuando menos, una operación quirúrgica. Otra cosa es la guerra sucia en el censo, el voto por correo o la identificación: puntos donde sí caben dudas, aunque nadie ha presentado pruebas concretas.

Dos corrientes enfrentadas​

Por un lado, quienes ven la regularización como parte de una estrategia deliberada para mover el censo: si no puedes ganar con tus votantes, impórtalos. Por otro, quienes recuerdan que el camino legal al voto es largo y que mezclar regularización con nacionalización es un error jurídico de bulto. Entre medias, un dato incómodo: la información pública disponible no habla de nacionalizar a 2,5 millones de personas, sino de regularizar situaciones administrativas. Pero la desconfianza no se cura con BOE.

Una pregunta abierta​

Si el sistema es tan robusto como dicen los protocolos, ¿por qué el simple rumor de una regularización masiva enciende todas las alarmas? Quizá porque el verdadero talón de Aquiles no está en las urnas, sino en la credibilidad de quien las administra.