NOTICIA: ÚLTIMA HORA | El Juez Peinado abre juicio oral a Begoña Gómez le retira el pasaporte y le obliga a comparecer cada 15 días ante el juzgado.

El juez Peinado abre juicio oral a Begoña Gómez y le retira el pasaporte​

El magistrado Juan Carlos Peinado ha dado un paso más en la instrucción del caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El auto, conocido en las últimas horas, abre juicio oral por presuntos delitos de corrupción y, como medida cautelar, retira el pasaporte a la investigada y le impone la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado. La decisión llega tras meses de una instrucción que ha levantado ampollas en el Ejecutivo y que ya ha provocado la reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha remitido al promotor disciplinario las afirmaciones del juez sobre los escoltas de la investigada.

Las medidas cautelares: pasaporte retirado y control quincenal​

La retirada del pasaporte no es una medida menor. Implica que Begoña Gómez no podrá salir del territorio nacional, lo que, en la práctica, la ata a España mientras dure el procedimiento. La comparecencia cada quince días ante el juzgado refuerza ese control. La decisión se produce en un contexto de alta tensión política, donde se ha especulado con la posibilidad de que la investigada pudiera utilizar medios oficiales para eludir la acción de la justicia. De hecho, en el debate público se ha mencionado el uso del avión Falcon o del helicóptero Puma de la Base de Torrejón como hipotéticas vías de fuga, aunque no hay indicios de que se haya intentado.

La medida no es habitual en causas de este tipo, pero el juez Peinado ha considerado que existe riesgo de fuga. No es la primera vez que un investigado con recursos y contactos institucionales se enfrenta a una medida similar. La diferencia aquí es el perfil de la investigada: esposa del presidente del Gobierno en funciones, con acceso a infraestructuras del Estado. El auto genera un precedente incómodo para Moncloa.

La reacción política: presión sobre el juez y el CGPJ​

La respuesta no se ha hecho esperar. Mientras desde el PSOE se critica abiertamente la actuación del juez, el CGPJ ha iniciado los trámites para abrir un expediente disciplinario a Peinado por sus comentarios sobre el dispositivo de seguridad de Begoña Gómez. La Comisión Permanente del CGPJ remitió el lunes al Promotor de la Acción Disciplinaria las afirmaciones del magistrado, en una votación donde fue clave el voto de la presidenta, Isabel Perelló, ante un empate entre los vocales. Este movimiento es visto por los críticos como un intento de desacreditar al instructor antes de que dicte sentencia.

La estrategia, según se argumenta, busca erosionar la credibilidad del juez para que cualquier condena futura pueda ser cuestionada. No es un movimiento nuevo: se ha visto en otros casos de corrupción de alto nivel. Sin embargo, la inminencia de la jubilación de Peinado, a quien le quedan apenas tres meses en el cargo, añade una capa de dramatismo. Algunos analistas sostienen que el magistrado no tiene nada que perder y que está decidido a llegar hasta el final.

El riesgo de fuga y los mecanismos de control​

La retirada del pasaporte no es la única barrera. El debate ha puesto sobre la mesa los obstáculos legales para una eventual fuga. Colaborar en la misma, por acción u omisión, podría acarrear penas de prisión de hasta tres años para quien la facilite, además de inhabilitación para funcionarios públicos. Esto incluiría a pilotos militares, controladores aéreos o cualquier otro cargo que se preste a la maniobra. Se ha recordado el caso de Carles Puigdemont, que logró escapar tras los hechos del 1-O, pero también que luego pudo regresar a España sin ser detenido. Las circunstancias, no obstante, son distintas: Puigdemont gozaba de protección internacional en Bélgica y Alemania; en el caso de Begoña Gómez, los países con los que tiene vínculos (República Dominicana, Marruecos) tienen tratados de extradición con España.

El control fronterizo corresponde a la Policía Nacional, y se ha advertido de que los funcionarios implicados en cualquier intento de fuga asumirían responsabilidades penales. En palabras de un participante en el debate, «los que colaboren en ello tendrán que asumir responsabilidades penales, además por ejemplo para los pilotos militares podría suponer la expulsión del ejército». La advertencia parece haber calado.

La pregunta abierta​

Con el juicio oral abierto, las medidas cautelares en vigor y el reloj de la jubilación del juez corriendo, el caso entra en una fase decisiva. La pregunta que flota en el ambiente es si la vía judicial logrará culminar antes de que el poder político consiga frenarla, o si, por el contrario, el proceso se dilatará hasta quedar en nada. La respuesta está en manos de un juez que ya ha demostrado que no se deja intimidar.