Laredo contra el veraneante vasco: la grieta no es el euskera, es el bolsillo
Un letrero en euskera colgado en una barra de las fiestas de Laredo ha vuelto a incendiar el verano. El PP local exigió su retirada; en las redes, el eco fue inmediato. Parece un conflicto lingüístico, pero no lo es. Es la versión estival de un desencuentro que lleva décadas enquistado y que cada temporada encuentra una excusa nueva: el idioma, la zona azul, el precio de la vivienda.
El detonante práctico fue el aparcamiento. Laredo, con la OTA desplegada hasta los extrarradios, imita el modelo urbano vasco que los propios visitantes padecen en Bilbao o San Sebastián. Y aquí está la paradoja que enciende los ánimos: mientras el vecino local paga por dejar el coche, los coches con matrícula de Vizcaya se libran. «Los vizcaínos se librarán otro verano más de la OTA en Laredo», titulaba estos días El Correo. Y esa asimetría, tan pequeña, condensa todas las demás.
La economía del agravio veraniego
La vivienda es el otro campo de batalla. Urbanizaciones enteras en municipios como Castro Urdiales o Isla se levantaron con capital llegado del otro lado de la ría; según los vecinos, ni siquiera se vendían a quien no estuviera dentro del círculo. No hay cifras oficiales en el debate, pero el malestar tiene una traslación económica nítida: precios que suben en julio y empujan al vecino hacia el interior.
En el lado contrario de la balanza, los peajes. La red de autopistas vascas ha funcionado históricamente como una barrera de pago que encarece la relación entre las propias provincias: el trayecto Durango-Zarautz, una distancia ridícula, rondaba los 12 euros solo de ida. La consecuencia práctica es conocida: el vizcaíno mira hacia el oeste, hacia Cantabria, donde la autovía es gratis y la playa está a media hora. La infraestructura unió; el peaje separó.
Historia mal digerida: el nombre y la herencia
Bajo la superficie asoma la memoria. Cantabria fue hasta la Constitución de 1978 la provincia de Santander, y hay quien sostiene que el nombre actual fue adoptado con cierta «usurpación» de la herencia cántabra. En el Antiguo Régimen —siglos XVI al XVIII— el territorio de la actual comunidad se repartía entre la Intendencia de Burgos y el Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa. Ese poso histórico convierte cualquier incidente menor en una fruta con tres siglos de antigüedad.
No es un tema solo de identidad: es también de renta y de poder. Una de las lecturas más incómodas del debate sostiene que el conflicto entre pueblos encubre un conflicto de élites. La burguesía vasca y catalana, se argumenta, ha sido la más influyente de España durante más de un siglo, y su relato —el agravio permanente hacia el resto— ha calado en amplias capas sociales. Mientras tanto, las clases populares de ambos lados se enredan en la pelea por las plazas de aparcamiento.
¿Quién es el exaltado y quién el moderado?
Hay, eso sí, análisis que se resisten al simplismo. Frente a la imagen del veraneante vasco como bloque homogéneo y hostil, hay quien recuerda que los comportamientos más extremistas en el País Vasco son cosa de una minoría ruidosa, y que muchos vascos de a pie son los primeros en sentirse incómodos con ellos. Y que los exaltados de uno y otro bando se necesitan mutuamente: el organización criminal en euskera alimenta la queja del cántabro, y la queja del cántabro alimenta la victimización del abertzale.
La ironía final: el episodio de las ventanillas en euskera no llegó a prohibir el castellano en ningún momento. Nadie confirmó que se negara el servicio a quien pidiera en español. Y aun así, el escándalo recorrió los titulares de medio país. En cambio, los 12 euros del peaje Durango-Zarautz —una barrera real, cuantificable, que encarece la vida de miles de personas cada día— no generan ni una manifestación ni una condena unánime. Ese es el dato que descoloca: no nos indigna lo que nos separa de verdad, sino lo que nos permite sentirnos superiores al vecino.