Vecinos jetas que se creen dueños de las zonas comunes

Motos fuera de la plaza: la vía del alquiler exige unanimidad​

Entre 8 y 10 vecinos de una misma comunidad aparcan la moto al lado de su plaza y algunos dejan trastos fuera de los límites. La junta lo dejó por escrito en el acta: no se puede salir de la plaza. Y nada cambió. La historia arranca como una escaramuza de portal y aterriza en dos terrenos bastante menos anecdóticos: la contabilidad de la comunidad y la letra pequeña de los seguros.

El damnificado paga dos plazas de garaje y ya discutió con uno de los infractores, que le dijo a la cara que seguiría aparcando su moto donde siempre. Su intención ahora es exigir el cumplimiento del acta. El problema es de manual: el acta prohíbe, pero no dice qué ocurre cuando alguien la ignora.

¿Qué puede hacer una comunidad contra el vecino que ocupa la zona común?​

El acta recogió la prohibición, no las consecuencias. Para que la comunidad demande en bloque hace falta otra junta que lo apruebe, y el ambiente no acompaña: buena parte de los propietarios prefiere no complicarse. Queda entonces la vía individual. El afectado plantea demandar en su propio nombre y, después, ver si puede repercutir el gasto al resto de comuneros, aunque admite que eso es lo que menos le preocupa.

Asoma una pregunta incómoda: si ni el presidente ni el administrador mueven ficha, ¿se puede demandar también a estos? En comunidades grandes —esta lo es— la gestión recae casi por completo en el administrador de fincas, y esa delegación no siempre se traduce en alguien dispuesto a pelear en un juzgado. La ocupación se cronifica por pura inercia administrativa, no por falta de norma.

Alquilar la zona común: unanimidad y facturas imposibles​

Existe un atajo que algunas comunidades usan: valorar los espacios libres y cobrar un alquiler por ellos. Hay precedente en el mismo edificio. Unos trasteros quedaron vacíos y la junta acordó alquilarlos solo a vecinos interesados, con el cargo en la liquidación trimestral de gastos. El administrador lo dio por legal.

El camino tiene dos muros. El primero es la unanimidad: como se apunta en el hilo, sin acuerdo de todos no hay alquiler. El segundo es burocrático, y es el que, según otro vecino, suele matar la idea: una comunidad de propietarios no puede emitir recibos ni facturas, así que para hacerlo por la vía formal habría que constituirse como entidad jurídica, con los gastos que eso arrastra. De ahí que muchos acaben en el limbo: se sabe que alguien ocupa un espacio que no es suyo y se deja estar.

El seguro cubre la plaza, no lo que está fuera​

Aquí el conflicto deja de ser estético. Según se señala en el hilo, la cobertura de un vehículo se aplica a la plaza de garaje: lo que se quema dentro se cubre, lo que está fuera no. Basta plantear el escenario de un incendio con 10 vehículos bien estacionados para ver el lío: cuando llega el perito y observa vehículos en zona común, esos aparecen sin cobertura y el reparto del infraseguro queda abierto. La respuesta de una mediadora de seguros fue escueta: no debería haber vehículos en esas zonas.

Y una advertencia lateral que suele pasarse por alto: la luz del trastero, cuando es comunitaria, también la paga la comunidad. Comprobar si hay fraude es sencillo, basta un electricista que mida el consumo a la salida del automático de la línea.

Del congelador en el trastero a la toma de luz precintada​

En ese mismo garaje hay una pista de hacia dónde va el asunto. Hace poco se precintó una toma de luz que se usaba para aspirar el coche, porque un vecino la utilizaba de forma habitual. No molestaba a nadie. Y bastó una queja para cerrarla.

El argumento de mientras no moleste es la puerta por la que entran todos los demás usos. En los trasteros hay congeladores enchufados a una línea de alumbrado común, a menudo de 1,5 mm de sección. Los relatos de congeladores acaban a menudo igual: olores, roedores y alguien desconectando el automático de madrugada. Si se permite todo, razona el damnificado con retintín, él pone un congelador para los cubitos y las cervezas.

El efecto precedente: «y por qué el del 3-B sí puede»​

El daño real no es el metro cuadrado ocupado, sino la norma que se desmorona. Cuando una comunidad tolera que un propietario se apropie de un trozo de zona común, crea un argumento reutilizable: si él puede, yo también. Hay quien relata descansillos enrejados con plantas y muebles que acabaron enquistados, y el patrón se repite con trasteros convertidos en almacén, enchufes y bártulos.

La discusión de fondo es de cultura cívica: lo común se percibe como tierra de nadie, apropiable sin coste social. Alguien lo resumió con una imagen dura, la del cementerio lleno de vecinos que tenían razón. En el extremo opuesto circuló el relato de un coche al que alguien pintó una raya en el capó justo sobre la línea del suelo; su dueño dejó de salirse de la plaza.

Con el acta en la mano, la norma existe. Lo que falta es quien la ejecute, y ahí la comunidad se parte entre el que paga dos plazas y los que prefieren no mirar. ¿Cuánta zona común ocupada hace falta para que deje de parecer un problema de nadie?