Brote verde: Vete a un pueblito barato a vivir decían: amenazas disparan la tensión vecinal en una aldea de Tordoia: «Costa 5.000 euros matalo»

La aldea que cobra 5.000 euros por denunciar un aparcamiento indebido​

¿Cuánto cuesta intentar que se respete la ley en un pueblo de Galicia? Según la conversación que circula estos días, unos 5.000 euros. Esa es la cifra que, presuntamente, se habría puesto sobre la mesa para «matar» a un vecino recién llegado a una aldea de Tordoia, en A Coruña, después de que este se atreviera a denunciar que los coches aparcaban sobre las aceras.

El conflicto, que ha trascendido en los últimos días, tiene todos los ingredientes del choque entre la España urbana y la rural. Un hombre se trasladó a vivir a la zona con su familia. Al poco tiempo, constató que las aceras eran usadas como aparcamiento y que los peatones, incluidos sus hijas, tenían que caminar por la carretera provincial DP-8401, que une A Tablilla (Cerceda) con Agro do Mestre (Trazo). El punto crítico: un cambio de rasante donde los vehículos circulan muy por encima del límite de 50 kilómetros por hora señalizado. Sus hijas cruzaban cada día para coger el autobús escolar.

El papeleo que no arregla nada​

La respuesta del recién llegado fue la de un urbanita: denunciar. Primero al Ayuntamiento, reclamando vigilancia sobre los aparcamientos indebidos. Después, trasladó la demanda a la Diputación coruñesa. Nueve meses sin novedades efectivas. En mayo, agotada la paciencia, remitió una queja a la Valedora do Pobo, el defensor del pueblo gallego. Nada.

Mientras tanto, en el bar del pueblo, la conversación subía de tono. La amenaza, según las informaciones que circulan, habría llegado a cuantificarse: 5.000 euros por resolver el problema de raíz. Una cifra que, en una aldea de menos de mil habitantes, tiene un peso específico que en una ciudad no se entiende.

El forastero que no entiende las costumbres​

La reacción de una parte de la comunidad no se hizo esperar. El argumento, repetido en múltiples variantes, es que el denunciante «no entiende el contexto». Que en los pueblos hay usos y costumbres que no están escritos. Que si llevan cincuenta o setenta años aparcando así, «será por algo». Que el tráfico es testimonial y que nadie se había quejado antes.

Hay quien va más lejos y sostiene que el hombre, al denunciar, se ha convertido en un apestado social. «Da igual si gana y la ley está de su lado. En el pueblo está muerto socialmente», se argumenta. La conclusión, en boca de varios análisis: «El contexto es más importante que la ley en este caso».

El refranero como argumentario​

El debate ha recuperado viejos refranes. «Pueblo chico, infierno grande», se cita con frecuencia. Y las anécdotas se acumulan: el coto de caza donde los forasteros no podían ni entrar, el vigilante que renunció tras recibir amenazas, la horca en el ombligo del que pescaba sin licencia. Historias que, contadas así, parecen sacadas de una novela de Valle-Inclán, pero que forman parte del paisaje social de la Galicia profunda.

La otra cara de la moneda la ponen quienes señalan que, a 50 metros del lugar del conflicto, hay sitio de sobra para aparcar. Que obligar a niños y ancianos a caminar por la carretera para que unos cuantos se tomen un carajillo mirando su coche no es una costumbre, es una tropelía. Y que el hecho de que las administraciones no actúen de oficio no convierte el incumplimiento en derecho.

El riesgo de huir a la aldea​

El caso de Tordoia ha reabierto un debate más amplio: la fuga de la ciudad al campo como solución a la vivienda. La idea de que «te vas a un pueblito barato a vivir» choca, según estos testimonios, con una realidad mucho menos idílica. No es solo el precio de la vivienda; es el coste de integración, la dificultad para cambiar dinámicas establecidas y, en casos extremos, el riesgo de represalias.

Hay quien recuerda el caso de Fago, el pueblo oscense donde un alcalde fue asesinado en 2007 por un vecino tras un conflicto de intereses. Otros mencionan incendios que arrasan casas de campo recién construidas. Y no falta quien, con ironía, cita la película «Perros de Paja» como manual de supervivencia rural.

La conclusión, a la espera de que la Valedora do Pobo se pronuncie, es que la ley y la costumbre siguen en guerra. Y que, en esa guerra, el recién llegado tiene todas las de perder. Al menos, hasta que alguien pague los 5.000 euros.