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Las Comunidades Autónomas del Partido Popular, junto con Junts y PNV se muestran reticentes a este reparto de menores no acompañados.
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Iranzu G. Vergara
Publicada 5 agosto 2026 14:27h
Actualizada 5 agosto 2026 14:34h
Las claves
La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha defendido que "la primera obligación del Estado no es repartir" a los menores forasteros no acompañados que entraron en la crisis de Ceuta entre las autonomías de España.
Para Melgosa se deberían "agotar las vías administrativas para que esos menores vuelvan con sus familias" de Jovenlandia.
El Gobierno del País Vasco sentencia que no le parece "razonable que la primera respuesta sea trasladar a los menores fuera de la familia y de su entorno a mil kilómetros de distancia".
Así abogan porque se realice "una reunificación cuando sea posible" con sus familias en su país de origen.
Aunque el Ejecutivo vasco no se niega contundentemente a acoger a niños y adolescentes sí que remarcan que el País Vasco tiene "a más número de menores de lo que tendría que tener". Aunque sí que pide que cualquier tipo de derivación de los menas tiene que acordarse antes con la administración vasca.
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Rechazo de las CCAA
Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han mostrado su reticencia a este nuevo reparto de menores que tiene lugar después de que miles de ellos se hayan quedado en las calles de Ceuta después de la crisis migratoria.La Comunidad de Madrid ha pronunciado en la red social X donde ha criticado la inacción de la izquierda madrileña "para saber cuántos forasteros en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos".
Ayuso asegura que "eso sí que es preocupante, sí que retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad". Además para la presidenta esto "es lo más inhumano que hay".
En esa misma línea, pero con un tono más bronco se han posicionado otras regiones gobernadas por el Partido Popular como Extremadura, Castilla y León o Aragón que se oponen frontalmente a este reparto de menores forasteros no acompañados que han llegado a Ceuta.
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De hecho, la primera en pronunciarse ha sido la Junta de Castilla y León. La vicepresidencia de esta región que se encuentra a cargo de Vox ha asegurado que ejercerán una "oposición frontal" a la política del Gobierno.
Algo parecido ocurre con Aragón que aseguran que van a utilizar "todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos" para oponerse a cualquier decisión que vulnere sus competencias como es el caso del reparto de menores forasteros no acompañados.
Extremadura también ha mostrado su rechazo frontal y en esta región el presidente del Grupo Parlamentario de Vox, Óscar Fernández, asegura que frenarán la llegada de los forasteros ilegales "por tierra, mar y aire".
Desde Junts muestran también su línea roja y exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez que Cataluña se quede "fuera" del reparto de estos menores forasteros.
Para la líder de esta formación, Míriam Nogueras, Cataluña tiene "una red de servicios sociales y recursos al límite y cualquier escenario futuro queda condicionado a la delegación integral de competencias en inmi gración".
Así, Nogueras ha sentenciado que "Cataluña acoge por encima de su capacidad mientras que otras comunidades eluden sus responsabilidades". Por eso, desde la formación de Puigdemont dan un portazo "definitivo al reparto de menores".
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Las Comunidades Autónomas del Partido Popular, junto con Junts y PNV se muestran reticentes a este reparto de menores no acompañados. Más información: Ceuta advierte de que hay 1.160 menas que tendrán que ser repartidos: Junts se jacta de que ninguno irá a Cataluña
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