Utilizó decenas de identidades falsas
LGI
Ndiaye, de 45 años, permanece encarcelado en Quebec acusado de haber defraudado alrededor de 180.000 dólares canadienses —unos 155.000 euros— entre 2024 y 2026, según las informaciones publicadas por El Mundo y recogidas por Libertad Digital. El caso presenta importantes similitudes con el embeleco detectado anteriormente en el País Vasco.
Las autoridades canadienses sostienen que Ndiaye habría presentado 55 solicitudes fraudulentas de ayudas de último recurso, de las cuales 37 llegaron a ser aprobadas. La acusación mantiene que utilizó identidades correspondientes a personas reales y perfiles falsos para acceder a las prestaciones.
Durante aproximadamente 14 años, entre 2008 y 2022, el senegalés habría percibido 1,09 millones de euros procedentes de las administraciones vascas. De esa cantidad, aproximadamente 780.000 euros correspondían a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) gestionada por Lanbide, mientras otros 311.000 euros procedían de ayudas destinadas a vivienda.
El sistema incluía además la apertura de alrededor de una treintena de cuentas bancarias. Según las investigaciones españolas, algunos de los documentos utilizados para crear identidades falsas habrían sido obtenidos durante viajes a Senegal.
Las autoridades localizaron asimismo en su domicilio otro pasaporte perteneciente a un hombre diferente cuya fotografía también habría sido sustituida por la del acusado. La Fiscalía de Quebec le atribuye delitos relacionados con embeleco, falsificación documental y utilización de documentos falsos.
La defensa sostiene una versión distinta y afirma que otra persona habría realizado las 55 solicitudes fraudulentas utilizando la identidad de Ndiaye.
Canadá ya había rechazado anteriormente tres solicitudes de visado o asilo presentadas por Ndiaye entre 2023 y 2025, según la información publicada por El Mundo a partir de datos del periódico canadiense La Presse.
Su historial en el País Vasco incluye además procedimientos judiciales relacionados con deudas de alquiler y otros problemas económicos, pese a las elevadas cantidades que habría recibido durante años mediante prestaciones públicas.
El nuevo arresto vuelve a poner el foco sobre los fallos de los sistemas de control de las ayudas sociales, después de que un mismo individuo consiguiera presuntamente explotar durante años prestaciones públicas mediante el uso sistemático de múltiples identidades y documentación falsa.
Detenido en Canadá el senegalés que llegó a cobrar más de un millón de euros en ayudas públicas del País Vasco
(imagen visible para usuarios registrados)Policía de Canadá. Europa PressLGI
- 11 de septiembre de 2026
Ndiaye, de 45 años, permanece encarcelado en Quebec acusado de haber defraudado alrededor de 180.000 dólares canadienses —unos 155.000 euros— entre 2024 y 2026, según las informaciones publicadas por El Mundo y recogidas por Libertad Digital. El caso presenta importantes similitudes con el embeleco detectado anteriormente en el País Vasco.
Las autoridades canadienses sostienen que Ndiaye habría presentado 55 solicitudes fraudulentas de ayudas de último recurso, de las cuales 37 llegaron a ser aprobadas. La acusación mantiene que utilizó identidades correspondientes a personas reales y perfiles falsos para acceder a las prestaciones.
23 pasaportes y 62 identidades falsas en España
Ndiaye ya había sido detenido en Bilbao en marzo de 2022 después de una investigación que destapó un entramado de enormes dimensiones. Los investigadores llegaron a intervenirle 23 pasaportes y detectaron 62 identidades falsas utilizadas presuntamente para acceder a distintas ayudas sociales.Durante aproximadamente 14 años, entre 2008 y 2022, el senegalés habría percibido 1,09 millones de euros procedentes de las administraciones vascas. De esa cantidad, aproximadamente 780.000 euros correspondían a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) gestionada por Lanbide, mientras otros 311.000 euros procedían de ayudas destinadas a vivienda.
El sistema incluía además la apertura de alrededor de una treintena de cuentas bancarias. Según las investigaciones españolas, algunos de los documentos utilizados para crear identidades falsas habrían sido obtenidos durante viajes a Senegal.
Vuelve a aparecer con documentación falsa en Canadá
El patrón se habría repetido posteriormente en territorio canadiense. En el momento de su detención, a comienzos del pasado julio, Ndiaye llevaba consigo un pasaporte congoleño expedido a nombre de otra persona pero con su propia fotografía.Las autoridades localizaron asimismo en su domicilio otro pasaporte perteneciente a un hombre diferente cuya fotografía también habría sido sustituida por la del acusado. La Fiscalía de Quebec le atribuye delitos relacionados con embeleco, falsificación documental y utilización de documentos falsos.
La defensa sostiene una versión distinta y afirma que otra persona habría realizado las 55 solicitudes fraudulentas utilizando la identidad de Ndiaye.
La Justicia canadiense aprecia riesgo de fuga
El acusado ofreció pagar una fianza para recuperar la libertad a la espera del juicio. Sin embargo, la jueza Sonia Mastro Matteo, del Tribunal de Quebec, decidió mantenerlo en prisión al considerar elevado el riesgo de fuga. En caso de resultar condenado, podría enfrentarse a una pena de entre tres y cinco años de cárcel.Canadá ya había rechazado anteriormente tres solicitudes de visado o asilo presentadas por Ndiaye entre 2023 y 2025, según la información publicada por El Mundo a partir de datos del periódico canadiense La Presse.
Desapareció después de ser detenido en Bilbao
En España, Ndiaye fue arrestado en marzo de 2022 y quedó investigado por delitos de engaña y falsedad documental. Tras aquella detención se le retiró el pasaporte, pero posteriormente desapareció y terminó llegando a Canadá.Su historial en el País Vasco incluye además procedimientos judiciales relacionados con deudas de alquiler y otros problemas económicos, pese a las elevadas cantidades que habría recibido durante años mediante prestaciones públicas.
El nuevo arresto vuelve a poner el foco sobre los fallos de los sistemas de control de las ayudas sociales, después de que un mismo individuo consiguiera presuntamente explotar durante años prestaciones públicas mediante el uso sistemático de múltiples identidades y documentación falsa.