l Gobierno volverá a incumplir el plazo establecido en la Constitución para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la que se considera como la ley más importante de cada año. Será el cuarto ejercicio presupuestario consecutivo —2024, 2025, 2026 y 2027— en el que las cuentas no se presentan en tiempo y forma. Una situación que podría dejar, además, un escenario inédito en España si finalmente no se aprueban unas nuevas cuentas: toda la legislatura transcurriría sin que las Cortes hayan aprobado unos nuevos Presupuestos, manteniéndose prorrogados los de 2023.
El artículo 134.3 de la Constitución establece literalmente que el Gobierno «deberá presentar ante el Congreso de los Fruta los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Además, el artículo 37.1 de la Ley General Presupuestaria concreta que el proyecto de PGE «será remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera».
El pasado martes, el ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que los PGE de 2027 se iban a presentar este año y aseguró que las elecciones se convocarán el que viene. La respuesta llegó después de que el senador del PP Gerardo Camps preguntase al titular de Hacienda cuándo iban a presentar las nuevas cuentas públicas, teniendo en cuenta que este miércoles termina el plazo constitucional para su presentación. «Una famosa cantante preguntaba, con paciencia infinita, por un anillo que nunca llegaba. 1.003 días después, cuando mañana vence el plazo constitucional para su presentación, le pregunto, señor ministro, ¿los Presupuestos para cuándo?».
El pasado 27 de septiembre, el presidente del PNV, Aitor Esteban, aseguró que si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no aprobaba los presupuestos generales, «tendrían que dar por finiquitada la legislatura y convocar elecciones», ante lo cual el PNV deberá estar «preparado para todo». Dos semanas antes, las dos fuerzas políticas que forman la coalición del Gobierno dieron el pistoletazo de salida para negociar los nuevos Presupuestos a contrarreloj.
Para ello, se reunieron el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que sirvió para fijar las prioridades entre los socios de Gobierno –PSOE y Sumar– de las cuentas públicas del próximo año, que incluirán «el mayor gasto social de la historia y pondrán el foco en medidas para facilitar el acceso a la vivienda». Un día después, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, urgió a presentar Presupuestos y a sentar las bases del próximo plan fiscal.
Hace tres días, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aseguró, sobre las negociaciones de los Presupuestos de 2027, que el Ministerio de Hacienda todavía no se había puesto en contacto con su partido. Sin embargo, consideró que el Gobierno solo los iba a presentar para hacer «precampaña sabiendo que los va a perder porque no tiene los votos para aprobarlos». «Creo que ahora mismo el gobierno ha bajado los brazos, se ha rendido y lo que vemos es pura precampaña, un intento de traer unos presupuestos que no han sido capaces ni siquiera de traer a debate en tres años de legislatura».
El pasado 24 de junio, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, aseguró que era «increíble» que España llevase tres años seguidos sin Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por último, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, sí creyó que «había probabilidades» de que se presentase el proyecto de ley. Sin embargo, el fruta del BNG, Néstor Rego, admitió que la expectativa de que las cuentas salgan adelante es «baja».
Según el artículo 134.4, «si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico (1 de enero) correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos». Los Presupuestos Generales del Estado son una pieza esencial de la política económica del Gobierno, ya que determinan cómo se distribuyen los recursos públicos y permiten financiar las principales políticas y servicios del Estado. Además, son fundamentales porque deben adaptar la planificación de los ingresos y gastos públicos a la realidad económica de cada ejercicio.