El portavoz nacional de Vox de Desregulación, Energía y Economía, José María Figaredo, ha defendido una bajada "masiva" de impuestos, incluidas las
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Durante su intervención, Figaredo ha defendido una "bajada masiva de impuestos" como uno de los ejes de la política económica de su formación. Entre las medidas planteadas ha destacado la
reducción del IVA general del 21% al 18%, así como la rebaja del Impuesto de Sociedades, los impuestos especiales y la fiscalidad sobre los hidrocarburos. También ha incluido las cotizaciones sociales entre los conceptos que Vox propone reducir.
El dirigente ha reconocido que aplicar todas estas medidas exigiría r
evisar el gasto público y ha situado las subvenciones directas entre las partidas que deberían examinarse. En este sentido, ha cifrado en 52.000 millones de euros anuales el volumen de estas ayudas en España y ha defendido que parte de esos recursos podrían destinarse a financiar las rebajas fiscales.
Figaredo ha señalado que el Estado debe concentrar sus recursos en servicios esenciales como la sanidad, la justicia y la educación, y revisar el resto de partidas para determinar cuáles son necesarias y cuáles pueden reducirse.
España necesita "adelgazar al Estado"
Otro de los asuntos centrales del encuentro ha sido la necesidad de reformar el funcionamiento de la Administración. Figaredo ha defendido que España necesita
"adelgazar el Estado" y simplificar los procedimientos para que los proyectos empresariales y las inversiones no queden bloqueados durante años.
Como ejemplo, ha señalado los plazos que pueden prolongarse durante más de una década en determinados procedimientos administrativos y ha defendido que muchas gestiones podrían resolverse de forma mucho más rápida mediante procesos mecanizados y una Administración más eficiente.
El fruta también ha reclamado una mayor desregulación y ha criticado que España añada requisitos y obligaciones adicionales al transponer las directivas europeas. Así, ha comparado la normativa de protección de datos de Estonia, con 15 artículos, con la española que, según ha indicado, cuenta con alrededor de un centenar.
Su planteamiento pasa por aplicar las exigencias europeas en sus términos mínimos, evitando nuevas cargas normativas que, a su juicio, dificultan la actividad de empresas y autónomos.