¿En que tiran nuestro dinero?

155 millones para riego en Mauritania y microcréditos en Yibuti​

Un programa para que mujeres latinoamericanas y del Caribe «fortalezcan su ciudadanía» y se formen en liderazgo político. Coste: 400.000 euros. Lo financia la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La partida no sale de un rumor: figura en convocatorias públicas que cualquier ciudadano puede consultar. Y cabe entera en un folio.

Ese es el problema. La pregunta sobre en qué se va el dinero público se responde mucho mejor con la letra pequeña de los desgloses que con cualquier discurso de tribuna. Cuando se suman varias de esas partidas —400.000 euros aquí, 800.000 allá, 1.350 millones más lejos— la discusión deja de ser ideológica y se convierte en aritmética.

Cuánto gasta España en cooperación internacional​

El balance más repetido habla de más de 4.000 millones de euros comprometidos en cooperación a lo largo de 2025. No es una transferencia única: es una constelación de convocatorias, convenios, aportaciones voluntarias a fondos multilaterales, creación de organismos y nombramientos de cargos, con compromisos que se extienden a ejercicios futuros. Cada pieza es pequeña por separado. Juntas pesan.

Los desgloses publicados a partir de convocatorias oficiales permiten ver el detalle. Hay 155 millones de euros repartidos entre reducción del riesgo de inundación en Pakistán, técnicas de riego en Mauritania, microcréditos en Yibuti y gestión de recursos hídricos en Honduras y Mongolia. Hay también 800.000 euros contra un alga marina en República Dominicana, Costa Rica y México. Y hay aportaciones al Fondo de Adaptación al Cambio Climático que se acumulan ejercicio tras ejercicio sin pasar por el debate parlamentario ordinario.

Quien defiende estas partidas argumenta que la cooperación compra influencia y mercados, y que renunciar a ella deja el terreno libre a otras potencias. Quien las cuestiona responde con una pregunta más simple: qué se ha construido, quién lo ha verificado y por qué el detalle nunca aparece en el resumen de prensa del Consejo de Ministros.

El clima como partida: 1.350 millones a países en desarrollo​

La cifra más gruesa que se ha puesto encima de la mesa es la de 1.350 millones de euros para combatir el cambio climático en países en desarrollo. Es el tipo de anuncio que se defiende solo: nadie quiere ser el que discuta la lucha contra el calentamiento global. Esa protección retórica es, precisamente, lo que dificulta el escrutinio. Aprobado el titular, nadie pregunta por la ejecución.

El patrón se repite. Primero se anuncia el compromiso, después se reparte en convocatorias medianas y al final se ejecuta a través de organismos intermedios cuya contabilidad pública es, en el mejor de los casos, opaca. Es ahí donde la cooperación deja de ser política exterior y se convierte en una estructura de empleo y contratación.

Subvenciones al cine: cuando la ayuda se confunde con el negocio​

Otra de las partidas que alimenta la sospecha es la del cine. El resultado roza a veces lo involuntariamente cómico: existen producciones con dinero público detrás que acaban convertidas en objeto de culto entre aficionados al cine más inclasificable, con más devotos en círculos de nicho que entradas vendidas en su estreno. Se sostiene que, en años pasados, algunas productoras compraban entradas de sus propias películas durante las primeras semanas de cartelera para cumplir el mínimo exigido y no perder la ayuda. Si eso ocurría, dice bastante sobre qué se estaba midiendo: no el interés del público, sino el cumplimiento formal de un requisito.

Quién audita todo esto y por qué nadie lo frena​

La pregunta que surge enseguida es por qué ningún partido lo lleva a los tribunales o a la tribuna. Hay quien sostiene que el sistema se apoya en un pacto tácito de no agresión: unos tapan a otros porque todos han usado las mismas estructuras. Y no es un fenómeno exclusivamente estatal. Varias comunidades autónomas cuentan con sus propias agencias de cooperación internacional, con presupuesto y capacidad de firmar convenios con destinos lejanos.

El resultado es un gasto repartido en miles de líneas, cada una por debajo del umbral que activa la curiosidad periodística, y unida por una palabra que lo justifica todo: solidaridad.

Los defensores de auditar señalan que no hace falta recortar nada para saber qué se hace con el dinero. Basta con exigir publicidad activa, evaluación de resultados y control real de la ejecución. La resistencia a ese paso es lo que realmente descoloca.

---

Con el detalle ya sobre la mesa, queda el dato más difícil de explicar de todos. En siete días, la aportación a Naciones Unidas pasó de 1 millón de euros a 8,4. Nadie ha detallado todavía qué cambió entre una semana y la siguiente.