El gobierno que predica contra la renta es el mayor casero
El discurso oficial contra los grandes tenedores de vivienda choca de frente con la realidad patrimonial de sus impulsores. Según informaciones recogidas en varios medios, el matrimonio Sánchez suma seis pisos y dos plazas de garaje, mientras que Begoña Gómez habría realquilado hasta 14 habitaciones de un ático subvencionado por Muface de 850 euros. No es un caso aislado: el PSOE es el partido con más diputados rentistas solo por detrás de Junts y Bildu, y el Gobierno acumula más de 30 viviendas entre apenas 10 de sus ministros.
La paradoja del 'holding' socialista
La familia presidencial no solo posee un notable patrimonio inmobiliario, sino que habría explotado una vivienda protegida por Muface obteniendo ingresos por alquiler de habitaciones. Una práctica que, de confirmarse, pone en entredicho el relato de lucha contra la especulación. Mientras tanto, el Ejecutivo presume de medidas para limitar los alquileres y perseguir a los grandes propietarios, pero sus propios miembros figuran como arrendadores.
Diputados con cartera de ladrillo
Los datos de El Debate colocan al PSOE como el segundo partido con mayor porcentaje de parlamentarios que declaran ingresos por alquiler, solo superado por Junts y Bildu. Esto contrasta con la narrativa de la Ley de Vivienda y las campañas contra los 'rentistas'. La ironía no pasa desapercibida: mientras el Gobierno aprieta al pequeño propietario, sus filas engordan con grandes patrimonios.
¿Y las soluciones?
Con este panorama, cabe preguntarse si las políticas anunciadas tendrán efecto real o si, como apuntan las críticas, el verdadero problema es que quienes legislan tienen intereses creados en el mercado inmobiliario. La tercermundización del acceso a la vivienda no se resuelve mientras la clase política siga siendo parte del problema. A menos, claro, que el objetivo sea otro: solucionar su propio techo.