La ciudad autónoma de Ceuta ha adjudicado dos contratos millonarios para la gestión de la acogida de menores a empresas vinculadas a familiares de altos cargos del gobierno de Juan Jesús Vivas, justificando la decisión por motivos de emergencia.
En plena crisis migratoria, la ciudad autónoma de Ceuta ha formalizado dos adjudicaciones sin publicidad previa que suman más de 5,7 millones de euros. Los contratos, fechados el 27 de agosto de 2026, fueron firmados en una jornada marcada por incidentes violentos y manifestaciones contra la inmigración. Una de las adjudicaciones, por 3.267.698,08 euros, recayó en la empresa Absercon, cuyo propietario y administrador único es Bartolomé Sánchez-París Contreras. Su hermano, Javier Sánchez-París Contreras, es asesor en el gobierno autónomo y secretario administrativo de presidencia. El padre de ambos, Francisco Sánchez París, fue jefe de gabinete de Vivas entre 2006 y 2011 y amigo íntimo del presidente.
El segundo contrato, valorado en 2.483.175 euros, se destinó a la adquisición de mobiliario, electrodomésticos y productos de limpieza para los espacios de acogida de menores. Este encargo fue para la Ferretería Doncel, dirigida por Manuel Jesús Doncel de Luna. Él es primo hermano de Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta y otra figura de alta confianza de Vivas, quien lo nombró consejero de fomento en 2008 y posteriormente presidente del Puerto en 2019. El gobierno ceutí ha admitido que las adjudicaciones se realizaron sin publicidad, pero argumenta que se amparan en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite la contratación de emergencia en situaciones excepcionales.
Desde la ciudad autónoma defienden que la tramitación de estos contratos se acogió a la modalidad de emergencia debido a la "situación excepcional" generada por la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio de 2026. Según argumentan, la urgencia requería una actuación inmediata para habilitar espacios de acogida, adecuar instalaciones y disponer de suministros, lo cual habría sido incompatible con los plazos de un procedimiento de licitación ordinario. Aseguran que esta vía de contratación, aunque sin publicidad, cuenta con el respaldo de informes técnicos y jurídicos que justifican la necesidad de actuar con carácter inmediato, sin que ello suponga una ausencia de control o expediente administrativo. Paralelamente, el Gobierno central aprobó a finales de agosto una inyección de 65 millones de euros y un plan de choque de 309 millones para abordar la crisis migratoria en Ceuta.