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Tragedia en Almería: cuando la dejadez en infraestructuras y la normativa forestal cuestan vidas​

El incendio forestal declarado el 10 de julio de 2026 en Los Gallardos (Almería) deja al menos doce muertos. No fue un rayo ni una colilla: todo apunta a un cable eléctrico abandonado durante 17 años que seguía con tensión. La combinación de un invierno húmedo, vegetación seca, viento de más de 50 km/h y una nula gestión del monte convirtió un incendio de cuneta en una trampa mortal para ciudadanos británicos que residían en la zona.

El tendido fantasma que nadie desmanteló​

Un cable de alta tensión que daba servicio a un restaurante abandonado, sin titular claro y con tensión aún circulando, habría provocado la chispa inicial. La infraestructura eléctrica en desuso es un problema silencioso: no se sabe a quién pertenece, no se retira, y con el tiempo se convierte en un riesgo latente. El mantenimiento de líneas en activo también brilla por su ausencia: la normativa exige una distancia mínima de seguridad con la vegetación, pero en muchas zonas de Levante ni se revisa ni se actúa. El resultado es que un simple arco eléctrico puede desatar una catástrofe.

Chalets en medio del pinar: el urbanismo de la interfaz forestal​

Las viviendas diseminadas en el monte son un fenómeno creciente. La cornisa mediterránea está llena de construcciones –muchas ilegales– rodeadas de pinares y matorral. Cuando el fuego avanza, no hay rutas de evacuación seguras ni planes de autoprotección. Los fallecidos intentaron escapar en coche, pero las llamas les cerraron el paso. La administración autonómica admite que cuatro de las víctimas iban en un vehículo con volante a la derecha, probablemente británicos, y apunta a que «no entendieron las órdenes de evacuación». Sin embargo, la versión oficial choca con el testimonio de quienes aseguran que el aviso fue tardío o no se dio en inglés. La cuestión de fondo es si tiene sentido permitir viviendas en parajes donde la prevención de incendios es casi imposible.

Ley de montes: el cortafuegos que no existe​

La normativa forestal en España es un laberinto. Para desbrozar una parcela privada se necesitan permisos, licencias y, en la práctica, una paciencia infinita. La burocracia ha convertido el mantenimiento del monte en una quimera. Mientras, el abandono de la ganadería extensiva –que controlaba el sotobosque de forma natural– ha disparado la biomasa. Un invierno excepcionalmente lluvioso favoreció el crecimiento de matorral que en julio se convirtió en combustible. La parálisis en la gestión forestal no es nueva: se repite la misma dinámica de la DANA de Valencia, donde la coordinación falló estrepitosamente.

El coste económico de no prevenir​

La factura de esta tragedia es doble: la pérdida de vidas humanas, incalculable, y el impacto económico para los municipios afectados. Viviendas arrasadas, patrimonio natural destruido, infraestructuras dañadas y el coste del operativo de extinción –que sigue activo–. La Junta de Andalucía asume los gastos, pero la responsabilidad civil podría recaer sobre el propietario del cable, si se identifica, o sobre la administración por falta de mantenimiento. Se habla de un proyecto de planta fotovoltaica en la zona desde 2023, lo que añade un componente de especulación urbanística que algunos señalan como posible factor de interés en el incendio, aunque no hay pruebas.

Con los datos disponibles, lo único seguro es que el sistema de prevención de incendios en España falló de nuevo. Ni drones, ni aviones apagafuegos, ni discursos sobre el cambio climático pueden tapar la realidad: se invierte mucho en apagar y poco en evitar. La próxima vez, la factura podría ser aún más alta.