15.000 euros de deuda, los grifos abiertos y casi dos años para su expulsión: el drama de María para deshacerse de una inquiokupa

La pesadilla de María: 15.000 euros y casi dos años para echar a una inquiokupa

Un alquiler que se convirtió en una trampa. María, una zaragozana, ha pasado casi dos años de angustia y pérdidas económicas por culpa de una inquilina que acumuló una deuda de 15.000 euros y que, además, parecía tener más ingresos que ella misma gracias a ayudas sociales.

El drama de María Marcuello comenzó tras mudarse de Zaragoza a Barcelona. Decidió alquilar su piso en la capital aragonesa por 600 euros al mes para obtener un ingreso extra. Tras una primera inquilina sin problemas, llegó la que se convertiría en su pesadilla. Durante los primeros tres años y medio, todo parecía ir bien, pero poco a poco, los pagos empezaron a ser irregulares. La inquilina daba rodeos, mentía y daba la sensación de que le costaba reunir el dinero.

El laberinto legal y la deuda desorbitada

La situación se complicó cuando el contrato de alquiler llegó a su fin. En lugar de abandonar el piso, la inquilina se quedó, y los impagos se volvieron la norma. María, asesorada por su abogado José Ramón González Barriga, inició los trámites para el desahucio. La deuda acumulada ascendió hasta los 15.000 euros. Lo más surrealista de la historia es que María, cuya única fuente de ingresos era un subsidio de paro de 480 euros, no recibía nada, mientras su inquilina percibía un total de 1.100 euros entre una prestación de la Seguridad Social (530 euros) y un subsidio por desempleo (570 euros).

Incluso se dio un caso de una factura de agua que superaba los 2.000 euros. Tras una inspección, se determinó que no se trataba de una avería, sino de un uso deliberado para aumentar la deuda y presionar a María. La inquilina, según relata María, incluso llegó a decir que no devolvería las llaves porque María se había portado mal con ella, una actitud que María achaca a posibles problemas de salud mental, pero que no justifica el impago.

El escudo social y la vulnerabilidad

Parte del retraso en la expulsión se debió a las medidas del escudo social aprobado en 2020 tras la pandemia. Este escudo permitía suspender desahucios hasta por dos meses si el inquilino demostraba una situación de vulnerabilidad y el propietario no poseía más de dos inmuebles. El juez consideró que la inquiokupa se encontraba en una "situación de extrema vulnerabilidad y precariedad", basándose en documentos del Ayuntamiento de Zaragoza que acreditaban su alta en servicios sociales desde marzo de 2010. María se lamenta de que esta información le fue ocultada al firmar el contrato, donde la inquilina afirmó tener nómina, lo que podría constituir un presunto delito de estafa.

Finalmente, tras casi dos años de litigios, el Juzgado de Primera Instancia nº 17 ordenó el lanzamiento judicial del inmueble el pasado 9 de octubre. María se siente una víctima del proceso, y cree que el gobierno debería hacerse cargo de la vulnerabilidad de ciertas personas.

Lecciones aprendidas y futuro incierto

María teme encontrar su piso en mal estado tras tantos años sin acceso. La experiencia le ha hecho perder la mitad de sus ahorros y sabe que no recuperará los 15.000 euros de deuda. Asegura que no volverá a alquilar su vivienda; prefiere usarla como segunda residencia. La lección principal que se lleva es la imprevisibilidad de las personas: "Nunca sabes cómo puede ser una persona".

* La deuda acumulada por la inquiokupa ascendió a 15.000 euros.

* El proceso de expulsión se prolongó durante casi dos años.

* La inquilina percibía 1.100 euros mensuales en ayudas sociales.

* María, la propietaria, contaba con un subsidio de paro de 480 euros.

* La orden de lanzamiento judicial se emitió el 9 de octubre.

María Marcuello, Barcelona, Zaragoza, José Ramón González Barriga, Juzgado de Primera Instancia nº 17, Ayuntamiento de Zaragoza.