NOTICIA: 3 de cada 10 test de paternidad revelan que el descendiente es de otro padre

3 de cada 10 test de paternidad revelan que el hijo no es del padre: la cifra que esconde un sesgo millonario​

Tres de cada diez pruebas de paternidad en Canarias confirman que el supuesto padre no es el biológico. El titular, publicado por SER Las Palmas en 2018, ha resucitado periódicamente en los debates digitales. La primera reacción suele ser de alarma social. Pero lo que el encabezado no aclara es que la muestra no es aleatoria: son personas que ya tenían motivos para sospechar. El verdadero debate económico y social empieza cuando se pregunta cuántos casos pasan desapercibidos y cuánto cuestan.

El sesgo del 30%: ¿realidad o percepción?​

El dato de SER Las Palmas se refiere exclusivamente a los test solicitados por jueces o por particulares con indicios de infidelidad. Entre ellos, el 30% da positivo en exclusión de paternidad. El foro de análisis económico lo desmenuza: si la prueba solo se pide cuando hay sospecha, el porcentaje de engaños sobre el total de nacimientos es mucho menor. Un usuario recuerda un estudio anónimo realizado en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona en los años 90, donde, analizando a todos los recién nacidos (sin sesgo de selección), encontraron que entre el 5% y el 7% no eran hijos del padre legal. Este rango, si se mantuviera hoy, implicaría que uno de cada 15-20 hijos se registra con un padre equivocado. La diferencia entre el 30% y el 5-7% no es menor: la primera cifra alimenta el alarmismo, la segunda apunta a un problema sistémico pero manejable.

El coste económico de la paternidad fraudulenta​

La paternidad no biológica genera transferencias económicas involuntarias. Un hombre que cría y mantiene un hijo ajeno asume costes directos (alimentación, educación, sanidad) y, en caso de separación, puede verse obligado a pagar una pensión. El sistema público también paga: prestaciones por hijo a cargo, deducciones fiscales, herencias. Si la tasa real de no paternidad ronda el 5-7%, el impacto agregado es significativo. Francia, consciente de este coste, penaliza con dureza los test de paternidad realizados sin el consentimiento de la madre, una regulación que algunos interpretan como un intento de contener el litigio social y económico que supondría normalizar las pruebas.

¿Prueba obligatoria al nacer? El debate latente​

La discusión deriva hacia una solución radical: realizar un test de paternidad a todos los recién nacidos de oficio, al mismo tiempo que se recogen las muestras del talón. Los defensores argumentan que aportaría seguridad jurídica y evitaría dramas familiares. Los detractores señalan el coste sanitario (un test ronda los 100-200 euros) y el riesgo de erosionar la confianza en la pareja. La idea choca además con el marco legal español, que protege la intimidad y la presunción de paternidad. El análisis económico muestra que el ahorro potencial en litigios y pensiones mal asignadas podría compensar la inversión, pero no hay estudios oficiales que lo avalen.

El hilo concluye sin consenso: la mayoría cree que el 30% es un espejismo estadístico, pero pocos niegan que haya un margen real de engaño que ni la ley ni la economía han cuantificado con precisión. La factura, mientras tanto, sigue corriendo por cuenta de quien firma sin saber.

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