¿A que no sabéis qué juez lo es desde que Franco estaba vivo? Probablemente el único que queda en activo que juró los principios del Movimiento.

Vividor Alicantino

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Nació en La Coruña el 22 de septiembre de 1949. Pertenece a una larga familia de juristas, siendo descendiente del fiscal Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, que fue teniente fiscal del Tribunal Supremo,y nieto del magistrado Cándido Conde Pumpido, que fue presidente de las Audiencias Territoriales (antecedentes de los actuales Tribunales Superiores de Justicia) de La Coruña, Valladolid y Valencia.

Se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. En 1974, inició su carrera profesional como juez de Primera Instancia e Instrucción en Puebla de Sanabria (Zamora), continuándola en 1976 como juez de Carballino (Orense).

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P. ¿No contribuyen a esta percepción de falta de independencia respecto de los partidos políticos? Algunos miembros del PP le han acusado de estar al servicio del Gobierno y el Ejecutivo a veces ha dado por sentado que la mayoría pogre del tribunal le daría la razón.

R. Cuando se habla de la independencia de los tribunales, hay que incluir la independencia del Tribunal Constitucional, y esa independencia debería ser respetada. Ningún miembro de un poder del Estado debería descalificar o cuestionar las decisiones del Constitucional ni de ningún otro tribunal.





P. ¿Existe lawfare en España?

R. No, no creo que exista lawfare en España. Lo que tenemos es un problema de arquitectura procesal que no existe ningún otro país europeo. Es un problema de judicialización de la política. Cualquier debate político sobre cualquier cuestión se convierte en un proceso penal inmediatamente a través de unas organizaciones que se dedican a eso. Ese tipo de organizaciones no existen en el resto del mundo, y ningún país europeo admite que los partidos políticos puedan participar directamente en los procesos penales. Los legisladores, con buen criterio, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, han hecho proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Incivil. Pero ese proyecto es complejo, difícil y hasta ahora no se ha podido aprobar.




P. Tienen ustedes pendiente pronunciarse sobre si el Gobierno está constitucionalmente obligado a presentar Presupuestos Generales del Estado, algo que no hace desde 2022.

R. Hemos creado un grupo de expertos en derecho parlamentario para estudiar estos asuntos. Pero mientras estemos en el proceso electoral, no vamos a adoptar ninguna resolución sobre esta materia.
 
 

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