¿Deben los jueces investigar a todos los partidos? La demanda que incomoda
La pregunta que algunos lanzan en foros de economía es directa: ¿por qué ningún juez actúa contra la clase política al completo, en lugar de hacerlo solo contra siglas concretas? La exigencia, envuelta en un lenguaje bronco y salpicada de referencias a conspiraciones globalistas y descalificaciones personales, revela una frustración que va más allá de la mera crispación política.
Las acusaciones van desde la descapitalización del país mediante la venta de empresas públicas hasta la especulación inmobiliaria y la inflación artificial. Se habla de «organizaciones criminales» que operarían desde antes de 1978, y se reclama una guadaña judicial que arrase con todos los partidos. La petición, sin embargo, choca con un muro de silencio: cuando se pide una acción total, los usuarios desaparecen; solo se movilizan cuando se trata de atacar al adversario de turno.
En el debate se menciona el caso del juez Presencia, que intentó establecer la dación en pago y acabó siendo apartado, o el de la jueza que reabrió el 11-M y sufrió consecuencias. El mensaje implícito es que el sistema judicial, aunque tenga herramientas para investigar, se topa con límites reales cuando se enfrenta al poder establecido. La respuesta de un usuario («Es que no todos estamos protegidos tras una VPN») alude al riesgo de represalias legales para quien se atreva a denunciar sin anonimato.
Al final, el hilo ilustra una fractura en la percepción de la justicia: para algunos, los jueces no actúan por cobardía o por estar cooptados; para otros, el problema es que la acusación global carece de pruebas concretas y se diluye en la paranoia. El dato incómodo es que, al margen de los excesos verbales, la sensación de impunidad política está muy extendida y no encuentra cauce institucional.