abogada española con sonrisa y alegria sospechosas se rie de los españoles tras regularizar a mohamed que no sabe hablar ni una palabra de español

La regularización de inmigrantes, un filón con cargo al erario​

¿Quién paga a la abogada que regulariza a un ciudadano extranjero que no habla una palabra de español? La pregunta, lanzada en las redes tras la difusión de un video donde una letrada aparece sonriente después de cerrar un expediente de extranjería, ha destapado una realidad incómoda: la asistencia legal a inmigrantes mueve dinero público, subvenciones y tarifas privadas.

La factura de la solidaridad​

Los servicios de extranjería no son baratos. En el centro de la polémica está la financiación de estos despachos. Una parte de las letradas que se especializan en regularizaciones trabaja con fondos de ONG o del propio Estado, en virtud de convenios de asistencia jurídica gratuita. Otra parte cobra directamente al interesado. El resultado es un ecosistema en el que el contribuyente acaba asumiendo parte de la factura, directa o indirectamente, mediante el turno de oficio y las subvenciones al tercer sector.

El turno de oficio, la vía por la que se asignan gratuitamente abogados a quienes no pueden pagarlos, incluye procedimientos de extranjería y expulsión. Los profesionales que lo aceptan reciben una compensación del Estado, a menudo modesta, y una carga de trabajo que, según las crónicas del sector, incluye clientes difíciles: algunos no pagan, otros no se enteran y hay que explicarles la misma historia cien veces. La pregunta surge sola: ¿es un servicio social o una industria?

El idioma y los diez años de espera​

El video original muestra a un migrante que no habla español. Para la regularización inicial, el idioma no es requisito: basta con entrar legalmente y acumular años de residencia. La nacionalidad, en cambio, exige superar exámenes de lengua y cultura. Según las estimaciones manejadas, ese momento no llegaría antes de una década. O sea que el sufrimiento que algunos atribuyen a la “invasión” tiene este matiz: el recién regularizado seguirá siendo extranjero a efectos de ciudadanía durante mucho tiempo.

El desconocimiento del castellano tampoco es excepcional: hay quien lleva años en España trabajando en entornos donde no se habla español, en la construcción, el campo o la hostelería, y apenas suelta un “hola y adiós”. La regularización no exige la lengua; la integración tampoco parece una prioridad de las políticas públicas.

Un negocio de agravios​

Lo que más ha escocido no es el procedimiento, sino la actitud. Una abogada que celebra con una sonrisa un expediente de regularización provoca, como mínimo, un contraste con la experiencia de buena parte de la población atrapada en listas de espera o en juzgados saturados. La provocación es aún mayor cuando se compara con otros ámbitos de la justicia gratuita: la violencia de género, los divorcios o la vivienda, que arrastran años de retraso y recursos menguantes.

Del malestar se pasa a la sospecha de que hay letradas que “se están forrando” con la economía del derribo: un modelo de extranjería donde los casos son sencillos, los clientes llegan solos y el pago lo hace otro. Tal vez sea una visión exagerada. Pero mientras unas abogadas sonríen en las redes, otras siguen esperando que el Consejo General del Poder Judicial les conteste a tiempo.