Abogados y procuradores, "atrapados en auténticas guanos de pensiones"

Pensiones de 300 euros: abogados mutualistas piden pasarela al RETA​

Hay una generación de abogados y procuradores que se va a jubilar cobrando una miseria. No es una amenaza de futurólogo: los propios afectados denuncian que les quedan pensiones de 300 euros o menos tras toda una vida cotizando a la Mutualidad de la Abogacía. Muchos ya no llegan a tiempo de completar los 15 años mínimos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y por eso piden algo tan elemental como polémico: que la Seguridad Social les absorba. La pelota está en el tejado del Gobierno, y el tejado tiene goteras.

Qué es la mutualidad y por qué nadie se podía escapar​

Abogados, procuradores, médicos, arquitectos, ingenieros. Buena parte de las profesiones liberales han tenido su propia mutualidad profesional, alternativa a la acción protectora de la Seguridad Social. Hasta 1995 no existía ninguna otra opción: cotizar a la mutua era obligatorio y el RETA estaba vedado para estos colegiados. La reforma de aquel año, la Ley 30/1995, les abrió la puerta a los autónomos y, de paso, le cambió la naturaleza al sistema.

El dato que explica el cabreo: cuando en 1996 se les dio la oportunidad de pasarse a la Seguridad Social de autónomos, más del 80% siguió en la mutua. Quien se cambiaba, perdía el dinero ya aportado. Blanco y en botella.

Del reparto a la capitalización: la reforma que rompió el juguete​

Aquí está el nudo. La mutualidad funcionaba, a efectos de pensiones, con un sistema de reparto: los que cotizaban pagaban a los que cobraban. La reforma prohibió ese esquema e impuso uno de capitalización puro: cada cual cobra de lo que ha ido ahorrando y de la rentabilidad que ese ahorro haya generado. Los que quedaron a mitad de camino, ni en un sistema ni en el otro, se llevaron la peor parte.

Y la rentabilidad no acompañó. Los afectados sostienen que la mutua malgastó sus cuotas mensuales con «malas inversiones en productos conservadores». Traducción: demasiado prudente para lo que prometía el folleto.

Cuánto se cotizaba y cuánto se espera cobrar​

Los números que se manejan son de risa floja. Hay quien recuerda cuotas de 25 euros al mes, honorarios colegiales convertidos en orientativos y una profesión que, fuera del star system de los grandes despachos, vive al borde de la indigencia. Otros cálculos apuntan a cuotas muy superiores: 140 euros de mutualidad en 2010, frente a los 250 del RETA, más 145 de seguro de salud privado que la mutua no cubría.

La comparación con un asalariado escuece. Un trabajador por cuenta ajena con salario mínimo cotiza cerca de 500 euros al mes, cuota empresarial incluida. La letra pequeña: los planes privados no tienen complemento a mínimos. Cuando se acaba el bote, se acabó.

La pasarela al RETA: ¿la paga el mutualista o el contribuyente?​

Sumar ha presentado una proposición no de ley sobre la protección social de la abogacía y la procuraduría, con la vista puesta en que el Gobierno gestione esas aportaciones. La propuesta no vinculante abre el melón de siempre: quién pone la pasta. El precedente más citado es de 2011, cuando se articularon convenios especiales para becarios, con un máximo de dos años retroactivos y a precio de convenio especial.

La alternativa más limpia sería integrar la mutua entera en la Seguridad Social, extinguirla y repartir lo que sobre. El problema es que la mutua dice que no sale de allí un chavo más de las aportaciones individuales, y la Seguridad Social no ve claro financiar el agujero. Hay un desglose fino de cómo se calcularía la integración —inflación, interés legal y años de por medio— que da para un máster.

Público contra privado: el debate que nadie gana​

Aquí cada cual arrima el ascua a su ideario. Un bando sostiene que la mutua es la prueba viva de lo que pasa cuando se dejan las pensiones al sector privado: sostenibles, sí, pero bajas. El bando contrario replica que el reparto es un esquema piramidal que solo aguanta con deuda y con los que vienen detrás. Aparejadores, arquitectos y químicos comparten mutua y el mismo diagnóstico: 300 euros al mes durante 40 años no dan para cobrar 1.500 durante veinte.

En medio queda un diagnóstico incómodo: que el problema no es público o privado, sino la gestión chapucera en ambos lados. Y que la Seguridad Social, con su maquinaria infinita, solo tiene que esperar sentada a que el régimen de capitalización se desangre.

Con estos mimbres, la pasarela parece cuestión de tiempo y de aritmética política. Cuándo llegue, en qué condiciones y quién firme el cheque, nadie lo sabe todavía.