Inmigración y ayudas: ¿quién subvenciona a quién?
¿Por qué hay inmigrantes que trabajan sin papeles y aun así dicen que en España las ayudas son tan generosas que no entienden por qué los españoles trabajan tanto? La respuesta es más compleja de lo que parece y tiene que ver con la externalización de costes laborales.
El negocio de la precariedad
Un trabajador indocumentado percibe salarios muy bajos, a menudo por debajo del mínimo legal, y no cotiza a la Seguridad Social. Ese ahorro empresarial se convierte en un coste oculto para el Estado: el mismo trabajador, al no tener cobertura, recurre a ayudas sociales, subsidios o servicios de ONG para cubrir necesidades básicas. El empresario se ahorra el salario digno y la cotización, y el contribuyente termina pagando la asistencia social que permite sobrevivir a esa fuerza laboral. No es que el inmigrante viva del Estado; es que su empleador lo utiliza como mano de obra barata mientras el Estado subvenciona esa explotación.
¿Quién se beneficia realmente?
El discurso del inmigrante que no entiende por qué los españoles trabajan tanto tiene una lógica interna: él sí conoce el sistema de ayudas porque depende de él para complementar un sueldo de miseria. El empresario, por su parte, esquiva impuestos y responsabilidades. El resultado es un círculo vicioso: quienes contratan en negro fuerzan la dependencia de subsidios, y luego se quejan de que los inmigrantes son una carga fiscal. En realidad, la carga la genera quien no paga lo que debe.
La ironía final: el mismo empresario que defiende la reducción de impuestos es a menudo el que se beneficia de una mano de obra que el Estado mantiene a flote. Mientras, el debate público se centra en señalar al inmigrante como aprovechado, cuando el verdadero agujero está en el modelo productivo que legitima la precariedad.