Ahora, vienen los lloros......Gabriela, la "vecina" de Vitoria que será extraditada a El Salvador por «engañar» a presos de Bukele.

Gabriela, la refugiada de Bukele que vive del cuento en Vitoria​

Gabriela llegó a Vitoria en enero de 2024 pidiendo asilo político. Se instaló en un piso social, cobró la RGI y se convirtió en la vecina modélica: la que engañó a familias de presos en El Salvador prometiendo liberarlos a cambio de dinero. Ahora El Salvador pide su extradición y ella se enfrenta a 25 años de cárcel. «Es un invento», dice su entorno. Pero los datos cantan.

El chollo del asilo: de estafadora a protegida​

Para entender el caso hay que retroceder. Gabriela huyó de El Salvador alegando persecución política. El Estado español le concedió asilo y, como tal, acceso a vivienda social y renta garantizada. Mientras, en su país natal ya había sido condenada en rebeldía por formar parte de una red que estafaba a familiares de presos con la falsa promesa de gestionar su liberación. El gobierno de Nayib Bukele la reclama, pero ella está a salvo… de momento.

25 años de prisión y una salida: la nacionalidad exprés​

La condena en El Salvador es de 25 años. Pero el plazo para obtener la nacionalidad española por residencia es de dos años desde la concesión del asilo (enero de 2026). Si su abogado logra alargar el proceso de extradición hasta entonces, podría librarse. No es descabellado: el sistema judicial español es lento y, como apuntan algunos análisis, la burocracia puede jugar a su favor. Mientras tanto, ella sigue cobrando prestaciones y viviendo en un piso social pagado por todos.

El debate: ¿quién la dejó entrar?​

El caso ha reabierto una vieja discusión sobre los filtros de inmigración y asilo. Que una persona condenada en su país por un delito común pueda obtener protección internacional y, además, acceder a ayudas sociales es un escándalo para unos y una muestra de solidaridad mal entendida para otros. Lo cierto es que Gabriela, como tantos otros, ha sabido explotar las grietas del sistema. Y mientras se resuelve su extradición, el contribuyente paga el pato.

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La pregunta que queda en el aire: ¿Es España el paraíso de los estafadores internacionales o solo un caso aislado? Los datos apuntan a que no es ni mucho menos el primero.

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