La factura de Jazztel para un cliente que nunca existió
Hay una paradoja que las telecos resuelven con pasmosa facilidad: la de facturar un servicio que el cliente se negó a contratar. Un consumidor que canceló la portabilidad a Jazztel ha recibido en su casa una factura de 200 euros por gastos de instalación, más 42 de IVA, después de que el comercial de Vodafone le prometiera hacerse cargo de ese pago. Lo único que falta para cerrar el círculo es la factura digital. Y aquí empieza lo absurdo: no consta como cliente de Jazztel (canceló la portabilidad), así que no puede acceder al área privada para descargarla.
Los 200 euros de la discordia
El afectado ya tenía línea en casa; la instaló Orange hace tiempo. Jazztel, según el relato, se limitó a conectar el router y a abrir la línea. Cobrar 200 euros por eso, más 42 de IVA, es lo que algunos análisis califican sin rodeos de enriquecimiento injusto: ni hubo contrato en vigor ni servicio prestado. La compañía, eso sí, ha encontrado la fórmula para cobrar sin ser el operador de nadie: enviar la factura física por correo y bloquear el acceso digital al no tener credenciales de cliente. “No cliente ni libre”, resume el consumidor, que solo quiere el documento para remitírselo a Vodafone y que se lo abonen.
Vodafone: la siguiente parada del absurdo
La oferta de retención de Vodafone planteaba una disyuntiva: 30 euros al mes de descuento o pagar los gastos de instalación de Jazztel. La segunda opción, una vez elegida, choca con la burocracia interna de la propia Vodafone: de lo que diga un comercial a lo que haga el departamento de pagos hay, según los casos recientes, un abismo. Y el escepticismo no es gratuito: el consumidor proclamaba pagar 40 euros y ya estaba pagando 50. La historia de los “precios para siempre” tampoco ayuda: Orange prometió tarifas estables y acabó cobrando 80 euros; ONO hizo lo propio con el precio perpetuo hasta que la compró Vodafone. Entre elegir el deshonor y la guerra, el consumidor español de fibra suele acabar con ambas.
La vía razonable pasa por cancelar la autorización SEPA para evitar cobros, acudir a la oficina municipal de consumo y, si es necesario, pedir el reembolso de los 200 euros por el banco. Para los que no quieran guerra, la alternativa es un operador sin permanencias ni cantos de sirena: O2 aparece con 23 euros al mes, sin trucos de retención, y Digi se lleva elogios. Eso sí, el descuento “para siempre” empieza a oler a eufemismo comercial: el ejemplo de ONO pesa como una losa.
¿Merece la pena pelearse por 200 euros con quien no te dejó ser cliente? La pregunta queda abierta, pero la respuesta práctica la está escribiendo ya el de la cartera: cada vez más consumidores miran hacia los operadores que no les llaman por teléfono con ofertas imposibles.