El naufragio que desnuda el negocio de la inmigración ilegal
Más de 150 personas desaparecidas en el Atlántico. Un cayuco con 200 ocupantes sale de Gambia el 28 de junio. Solo 38 son rescatados a la deriva frente a Mauritania un mes después. La cifra de fallecidos, según Acnur, asciende a 143. El dato es demoledor, pero la discusión pública se centra en quién tiene la culpa, no en el coste económico de una ruta que mueve millones.
Hay quien señala a las mafias que operan con total impunidad, cargando embarcaciones precarias con decenas de personas y un mínimo de combustible. Un análisis recurrente sostiene que muchas de estas travesías se inician con barcos nodriza que acercan a los migrantes a aguas canarias para luego abandonarlos, reduciendo el tiempo de navegación pero no el riesgo. La realidad es que cada naufragio supone un gasto en rescates, repatriaciones y asistencia que acaba recayendo en los contribuyentes europeos.
Por otro lado, las políticas de regularización masiva y las ayudas a ONG son señaladas como un factor de atracción que incrementa la presión migratoria. Sin embargo, la responsabilidad última de estas tragedias reside en los traficantes que explotan la desesperación ajena. El negocio es lucrativo: las tarifas por persona alcanzan varios miles de euros. Mientras no se desarticulen las redes de tráfico, los naufragios seguirán siendo la estadística más macabra de la ruta canaria. La predicción es que, sin cambios en la cooperación con países de origen y tránsito, la cifra de muertos en el Atlántico seguirá creciendo.